jueves, 27 de octubre de 2016

Cambiemos manchó la pelota.

Durante una conferencia de prensa conjunta, de la que participaron el titular de AFIP, Alberto Abad, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y el titular de Fútbol para Todos, Fernando Marín, el primero solicitó modificaciones al sistema "de privilegio" que gozan los clubes, que solo tributan a la Seguridad Social el 7 por ciento de lo recaudado "sobre la venta de entradas, la transmisiones de televisión y la transferencia de jugadores", mientras que el resto de los contribuyentes abona 31 por ciento. 

De acuerdo con lo expuesto por el titular de la AFIP, el monto de lo que el Estado dejó de precibir de parte de la AFA y de los clubes de Primera, de la Nacional B y de la Primera B entre 2003 y agosto de 2016 rondó los 1.346.745.094 pesos. De acuerdo con los datos de la AFIP, del total del desfinanciamiento, más de 190 millones de pesos corresponden a la AFA, 166,4 millones a River; 143,7 a Boca; 79,7 a Vélez; 57,5 a San Lorenzo; 50,9 millones a Estudiantes de La Plata; 50,2 a Independiente, la misma cantidad a Lanús; 47,1 a Racing; 36,5 a Rosario Central, y 35 millones de pesos a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El desfinanciamiento, según la AFIP, entre 2003 y 2015 ascendió a 962,7 millones de pesos, y entre enero y agosto de de este año 384 millones de pesos, razón por la cual el ente recaudador propuso elevar "la alícuota diferencial y privilegiada para equilibrar el desfinanciamiento" y la ampliación de los rubros sobre los cuales se le aplica, incluyendo a partir de ahora lo recaudado por "abono de los socios, partidos de la selección nacional, publicidad y sponsoreo". 

De Andreis, por su parte, ratificó que el programa Fútbol para Todos "desde el 1 de enero no va a existir más (...) cumpliendo lo que habíamos dicho", contradiciendo una de las promesas más repetidas durante la campaña electoral de Cambiemos.
fuente: página12

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viernes, 21 de octubre de 2016

Expectativa inflacionaria para los próximos 12 meses.

La inflación que el público espera para los próximos doce meses a nivel nacional se ubica, para el promedio, en 27,6 por ciento, según un sondeo de expectativas difundido hoy por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

El informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de esa universidad indicó que las perspectivas inflacionarias registraron una caída de 2,2 puntos porcentuales con respecto al relevamiento de setiembre. Asimismo, precisó que la inflación esperada a nivel nacional, de acuerdo con la mediana de las respuestas, es 20 por ciento, el mismo registro que en los tres meses previos. 

Según la medición, la estimación inflacionaria para los próximos doce meses, para el promedio, en Capital Federal alcanzó a 24,5 por ciento, el mismo guarismo de setiembre. A su vez, la perspectiva de inflación en el interior del país, para el promedio, fue de 23,7 por ciento, lo que implica una baja de 4,1 puntos. Por su parte, las expectativas inflacionarias en el Gran Buenos Aires se ubicaron en 30,8 por ciento, lo que representa un descenso de 1,8 punto comparado con el sondeo previo. 

La proyección de inflación para el sector de mayor poder adquisitivo, para doce meses es en promedio de 25,1 por ciento, es decir una disminución de 2,2 puntos en la comparación con el mes anterior. Para la gente de menores ingresos, la perspectiva inflacionaria es de 26,3 por ciento, lo que representa una retracción de 3,3 puntos en relación a la medición de setiembre.
fuente: izquierda diario 

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martes, 4 de octubre de 2016

Un bono de $800 para fin de año.

"El presupuesto para los beneficiados el bono de fin de año y la baja de ganancias para el aguinaldo será de $5.000 millones. No más. Si tuviera un costo mayor nos sale más barato pagar el costo de un paro general". La fuente oficial es directa. Habla de un límite fiscal concreto y preciso para el "Plan Navidad" que se ofrecerá al triunvirato de la CGT como prueba final de amor para terminar el complicado 2016 en orden, y pensar ya en 2017. 

El gabinete económico casi a pleno tiene decidido cuáles serán los topes innegociables para los beneficios que se está dispuesto a plantear ante el triunvirato cegetista para evitar el llamado a un paro general entre octubre y noviembre. Coinciden, aseguran en la Casa de Gobierno, el Ministerio de Hacienda de Alfonso Prat Gay, el de Producción de Francisco Cabrera, el de trabajo de Jorge Triaca y los coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Sólo falta el aval del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la rubrica final de Mauricio Macri, la que aparecerá sólo si hay acuerdo con los cegetistas. Los límites fiscales son puntuales. 

Difícilmente se podrá ofrecer un bono para jubilados y empleados públicos de más de 750/ 800 pesos a pagar en diciembre antes de las fiestas de fin de año. En el caso de la aplicación de Ganancias sobre el medio aguinaldo de fin de año, el tope estaría ubicado entre los 45.000 y 50.000 pesos brutos mensuales; cifra similar a la fijada a mitad de año por el Gobierno. Además quedarán fuera del beneficio los trabajadores en relación de dependencia que hayan presentado declaración de bienes personales y hayan pagado el tributo. El criterio es que sólo sea un beneficio para los sectores más bajos de la cadena tributaria para la cuarta categoría; en teoría (y según la visión fiscal del Gobierno), los que pueden quedar afectados por Ganancias este año por la suba salarial de las paritarias de 2016. El resto, se supone en el Gobierno, tienen los ingresos lo suficientemente altos como para no reclamar en años de vacas fiscales flacas

Para beneficios más generosos, habrá que esperar el tratamiento en el Congreso Nacional de la próxima reforma tributaria, que el Ejecutivo presentará en el Legislativo luego de la aprobación del Presupuesto Nacional 2017, que la semana próxima comenzará a discutirse en la Cámara Alta. Sabe el Gobierno que para que tanto el Presupuesto como la reforma tributaria requieren una negociación dura con la oposición para ser aprobada, con lo que no se quiere afectar más recursos fiscales que los necesarios e indispensables para cerrar el ejercicio 2016. Por esto el tope que se autoimpuso el gabinete económico para todos los beneficios es de $5.000 millones; dinero que se obtendrá de los ingresos provenientes del bono en pesos a cinco años al 18% anual que colocó el Tesoro la semana pasada. En total se consiguieron por esa operación unos $50.000 millones, que el Gobierno de Mauricio Macri quiere utilizar en 2017, año electoral y de acciones concretas para poder ganar la mayoría legislativa. Para este año lo único que habrá que esperar es cerrar de la mejor manera fiscal posible. 

¿Cuánto costaría hacerle caso al reclamo de la CGT sobre la necesidad de pagar un bono de fin de año de no menos de 2.000 pesos y subir el piso del beneficio de los aguinaldos para los salarios de más de 60.000 pesos? Calcula el Gobierno que no menos de 10.000 millones de pesos, una cifra utópica para las debilitadísimas arcas del fisco de fin de año. ¿Qué pasaría si la CGT no acepta la oferta definitiva de los topes de 800 pesos del bono para jubilados y estatales y de los 45.000 pesos de salarios en relación de dependencia? Se sabe que la amenaza concreta del sindicalismo argentino actual es un paro general conjunto entre la CGT y la CTA. El gabinete económico se mantiene incólume ante la amenaza: el costo político de un paro sería mucho menor al costo fiscal de un gasto extra de más de 10.000 millones para este año. El ala política del Gobierno utiliza otro argumento a favor de la posición oficial. Se analiza que la CGT podría no estar convencida del todo de aplicar un paro con movilización, no tanto por razones sociales o económicas, sino por las serias dudas de garantizar el éxito pleno de la convocatoria. Se especula con que el primer paro nacional de la CGT contra un Gobierno de Mauricio Macri debería tener un éxito arrollador y demoledor. 

Por el contrario, si el llamado no tuviera eco masivo y la mayoría de la gente estuviera dispuesta a ir a trabajar y sólo movilizara "la militancia" y el aporte de los gremios rebeldes; el sindicalismo argentino perdería una bala de plata y le dejaría al Gobierno el terreno para más ajustes y menos voluntad de negociación. Son tiempos de especulaciones políticas cruzadas. Pero de sentencias fiscales firmes: no más de $5.000 millones de gastos en el "Plan Navidad" 
fuente: ambito 
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