martes, 31 de marzo de 2015

La razón que hace que el gobierno no modifique ganancias.

La pulseada entre el Gobierno y los gremios que hoy van al paro no tiene una solución política a la mano, pese a la cercanía de las elecciones. El Poder Ejecutivo no está demasiado interesado en aliviar al millón de asalariados que está atrapado por el descuento del Impuesto a las Ganancias que sufren en sus recibos, porque su recaudación se volvió un sostén vital para el Tesoro. 

En dos años, los ingresos que aportó este gravamen casi se duplicaron, por el efecto combinado de la inflación (el parámetro real que guía el ajuste de las remuneraciones) y la falta de actualización de las escalas del impuesto. En el año que pasó no solo alcanzó un récord nominal, sino que dicho monto también representará un inusual 6% del PBI. En 2012, Ganancias contribuyó con $ 138.439 millones, en tanto el 2014 cerró con un volumen de $ 267.075 millones, lo que marca un 92% de incremento

En el primer trimestre de este año, el aumento que registró fue de 40%, siendo el tributo que más creció junto con el que se aplica a la venta de combustibles. En términos nominales su aporte se está acercando al del IVA (neto de devoluciones), el mayor motor de la recaudación fiscal después de los aportes y las contribuciones a la seguridad social. Este gravamen representa en la actualidad 21% de la recaudación total (el promedio histórico era 19%), cada vez más cerca de los impuestos al consumo, que en conjunto contribuyen con 35%. 

El Gobierno tiene una necesidad de financiamiento alta, y por primera vez, los recursos que le cede el BCRA al Tesoro están cerca de su límite. A febrero el Central tenía casi cubierto el stock de adelantos transitorios (12% de la base monetaria y 20% de los ingresos corrientes). Y las utilidades serán similares a las de 2013, cercanas a $ 83.000 millones Por esta razón, para sostener un ritmo de aumento del gasto primario superior al 40% anual, el Palacio de Hacienda decidió recurrir a endeudamiento interno y lanzó una primera emisión de Bonac por $ 5000 millones, lo que traduce la escala de las necesidades a esta altura del año. 

En la visión oficial, tocar Ganancias crearía un problema adicional, ya que restaría financiamiento a las provincias, que el gobierno central no tiene como reemplazar. El peso del impuesto En la última década, Ganancias fue alcanzando un número creciente de trabajadores por montos proporcionalmente más altos. Mientras que el salario nominal de los trabajadores registrados se multiplicó por 12 veces entre los años 2000 y 2014, el monto del mínimo no imponible a partir del cual se empieza a aplicar el impuesto se multiplicó sólo en 4 veces. A su vez, como las escalas de alícuotas tampoco se actualizaron, se tributa con alícuotas cada vez más altas. En el año 2000 el salario registrado bruto promedio era cercano a $ 1000 y el impuesto operaba a partir de los $ 2000 aproximadamente. En 2014 el salario promedio fue de $ 12.000 y el impuesto se gatillaba desde los $ 15.000. Mientras en el 2000 hacía falta un salario equivalente a 2 veces el promedio para pagar Ganancias, en la actualidad basta con tener un salario cercano al promedio. 

Según la información del Indec, la mitad de los ocupados percibe una remuneración de bolsillo entre el salario mínimo y los $ 12.000, en tanto un 40% son ocupados que cobran menos que el salario mínimo. Eso implica que hay un 10% alcanzado efectivamente por el gravamen.
fuente: cronista 

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martes, 10 de marzo de 2015

Recaudación en retroceso.

La recaudación tributaria creció en febrero 30,6% en relación al mismo mes del año anterior, es decir, varió globalmente casi lo mismo que la inflación. Estamos frente al conocido fenómeno de una economía cuyo nivel de actividad cae y la recaudación de impuestos se resiente en el peor momento.

A su vez, paradójicamente, la disminución de la inflación hace que el impuesto inflacionario se licue. Este panorama seguramente pondrá más presión sobre el financiamiento del gasto público por la vía de la emisión monetaria o el endeudamiento, en especial en un año electoral y de fin de mandato. 

Recordemos que el stock de títulos de deuda del Banco Central asciende a $ 322.000 millones y que su vencimiento promedio es de 150 días, mientras que la tasa asciende al 28%. Un hecho destacable es que los impuestos asociados a la renta y al patrimonio mantuvieron un buen crecimiento, en buena medida por la falta de actualización del Mínimo No Imponible (MNI) y la prohibición de ajuste por inflación.

Así, el Impuesto a las Ganancias registra un crecimiento interanual del 40%. En cambio la recaudación del Impuesto al Valor Agregado sólo creció 25,7% interanual en febrero, ratificando una fuerte tendencia a la baja. Como es sabido, el IVA es el gravamen más asociado al consumo, de modo tal que su deterioro es revelador del proceso de contracción de la economía. 

Otros rubros como los derechos de exportación (retenciones) y los de importación se han deteriorado considerablemente en línea con las caídas en exportaciones e importaciones. En el caso de los derechos de exportación la caída es del 14,6% interanual y en los derechos de importación la variación ha sido nula en el último año. Podría decirse que estos son los daños colaterales de la caída en los precios de las commodities, la pérdida de competitividad de la economía y los controles a la importación. 

Los recursos de la Seguridad Social, en cambio, han mantenido un crecimiento importante del 36% interanual, muy parejo tanto en aportes personales como en contribuciones patronales. Una parte de ese crecimiento puede atribuirse, desde luego, a los aumentos salariales durante el último año y a un mantenimiento del nivel de empleo. En otros términos, si el nivel de empleo estuviera deteriorándose pronunciadamente el crecimiento de la recaudación sería menor. En este campo hay una suerte de comportamiento circular, dado que es el crecimiento del empleo público el que conserva dinamismo y alimenta una mayor recaudación de la seguridad social que a su vez es un gasto para el propio sector público. 

En síntesis, la recaudación tiende a desacelerarse, el Gobierno no parece dispuesto a reformular las expectativas de gasto y las fuentes para allegar nuevos recursos lucen exhaustas a excepción de las impresoras del Banco Central. La deuda del Banco Central con los bancos a través de las LEBACs genera intereses anuales del orden de los $ 80.000 millones anuales. Pero, además, en la medida en que los bancos aplican recursos para atender las necesidades del Gobierno, necesariamente dan menos asistencia al sector privado. Una vez más el Estado voraz se protege a sí mismo y deja al sector privado a la intemperie. 
fuente: el economista

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lunes, 2 de marzo de 2015

El aumento de la deuda pública.

La Presidenta arrancó su discurso detallando el pago del vencimientos de deuda por unos U$S 120.000 millones en la gestión K y presentó un cronograma holgado de vencimientos para los próximos años, para concluir en que “hemos desendeudado definitivamente a la Argentina”

Las cifras del Ministerio de Economia dicen otra cosa. En 2001, la deuda pública era de U$S 144.500 millones, 53,7% del PBI y en junio de 2003 de U$S 152.600 millones. Tras el canje de 2005, se redujo a U$S 126.500 millones y desde entonces no hizo otra cosa que aumentar hasta los U$S 198.900 millones en junio de 2014. A esta cifra hay que agregar deuda no contabilizada, como la pendiente con los holdouts y el resto del cupón PBI, lo que elevaría el total a U$S 270.000 millones, casi 60% del PBI al dólar oficial.

Así, entre 2003 y 2014 la deuda pública aumentó en más de U$S 100.000 millones. Esos números no incluyen la deuda pública de provincias y municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central y juicios contra el Estado con sentencia en firme. Además, según el Central, “en el período 2003-2014 los egresos netos por intereses registrados en el balance cambiario totalizaron unos US$47.400 millones, de los cuales un 68% correspondieron a pagos del sector público y BCRA”.

¿Entonces, dónde está el “desendeudamiento? En no considerar como deuda la contraída con el BCRA, la AN-SeS y el Banco Nación. El costo de esa política es, como dice el especialista Héctor Giuliano: 

1. El desvío de fondos públicos que deberían aplicarse hacia el pago de servicios de una deuda –no investigada– y que se potencia por los altísimos intereses y el nuevo endeudamiento. 

2. El desfinanciamiento del sistema previsional, con un fondo que en más de un 60 % se encuentra prestado al Tesoro sin capacidad de recupero.

3. La descapitalización del BCRA, que sólo cuenta como disponibles la mitad de sus reservas brutas ( U$S 17.000 millones sobre 31.500 millones), que tiene el 66 % de su activo prestado al Tesoro (U$S 85.300 millones ) sin capacidad de recupero, que acumula una deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac con Bancos equivalente a U$S 35.200 Millones – una deuda que renueva y aumenta cada semana pagando tasas de interés del orden del 30 % anual - y que aumenta progresivamente su rubro de Otros Pasivos – que ya suman U$S 6.300 Millones– con préstamos de Bancos Centrales extranjeros (Francia, China y BIS de Basilea)
fuente: ieco 

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