sábado, 8 de marzo de 2014

Herencia K.

El Estado argentino finalmente compensará a REPSOL por la estatización de YPF, y si bien se difundió como costo de la indemnización unos U$S 5 mil millones pagaderos en bonos, computando los altísimos intereses implícitos en esos títulos, el costo superará los U$S 10 mil millones.
 
En varios discursos la Presidenta justifica sus ataques de falso progresismo al pagar deudas argumentando que “es la deuda que nos dejaron”. Vale entonces destacar que además de lo elevado del monto, el grueso de los pagos a REPSOL será afrontados por los futuros gobiernos.
 
Más detalladamente, la Argentina se compromete a entregar a REPSOL títulos públicos por U$S 5.000 millones. Sin embargo, también se compromete a entregar bonos adicionales para garantizar que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a U$S 4.670 millones, con un máximo de U$S 6.000 millones a valor nominal. En términos simplificados, la Argentina terminará pagando entre U$S 5.000 y U$S 6.000 millones. A estos montos hay que agregarle los intereses.
 
Según el último informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), como la Argentina tiene calificaciones de riesgos muy adversas, considerando las tasas de interés que oscilan entre 7% y 8,75% anual, la suma total que el Estado argentino se compromete a pagar superará los U$S 10.000 millones.
 
Pero un rasgo particularmente importante del acuerdo es que estos pagos se distribuirán en el tiempo de manera peculiar. Según documentos emitidos por la empresa REPSOL se puede calcular que:
· Entre los años 2014 y 2015 se pagará aproximadamente el 10% de esos bonos.
· Entre los años 2016 y 2019 se pagará el 32% y entre los años 2020 y 2023 otro 34%.
· Entre los años 2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final.
 
“Estos datos muestran que la actual gestión de gobierno sellará el acuerdo y determinará los futuros pagos, pero efectivizará apenas una porción menor de los compromisos que el país contrae”, sostiene IDESA en su informe.
 
“Las dos próximas gestiones de gobierno (es decir, los presidentes que gobiernen entre los años 2016 y 2023) serán las que deberán hacerse cargo de dos tercio del total de los costos que implican la estatización de YPF. Para los gobiernos subsiguientes quedará afrontar el cuarto restante del costo total.
 
Este cronograma y las magnitudes involucradas dejan en claro que la estatización de YPF condiciona el futuro bienestar de los ciudadanos muchos de los cuales pertenecen a las generaciones por venir”, añade el informe.
 
Según IDESA, las consecuencias económicas de la estatización se pueden evitar si YPF genera y distribuye dividendos que al menos equivalgan al flujo de pagos comprometidos para los próximos 20 años. Tratándose de una empresa petrolera, esto es factible, si en la administración se imponen criterios técnicos alejados de las apetencias políticas. “En la región hay buenos ejemplos de empresas públicas manejadas profesionalmente como es el caso de Codelco en Chile o Petrobras en Brasil. Pero en Argentina prevalecen la improvisación y la falta de profesionalismo. El caso paradigmático es Aerolíneas Argentinas”, sostiene la entidad.
fuente:tribuna
 
Gracias por visitar...volvé pronto!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario