miércoles, 26 de febrero de 2014

YPF, otro capítulo del Relato K.

En tiempos en que el ámbito político ha determinado que una de las mayores virtudes es la capacidad para "resistir un archivo", el ministro Axel Kicillof rankea cada vez más bajo. El anuncio sobre el pago de u$s5.000 millones a Repsol por indemnización tras la expropiación de YPF -más otros u$s1.000 millones en concepto de garantía- lo puso en una situación incómoda.
 
A todos les vino a la memoria el énfasis con el que el ministro había desestimado los reclamos de los españoles en aquellos días de 2012 en los que el país asistía a uno de los capítulos épicos del "relato". Y no había terminado la conferencia de prensa cuando en las redes sociales ya habían comenzado a circular las consabidas chicanas que recordaban cómo Kicillof, dos años atrás, hasta había puesto en duda que la Argentina tuviera que desembolsar un dólar como compensación.
 
Imposible evitar la tentación de comparar la cara de póker con la que el ministro anunció el acuerdo por YPF con aquel otro gesto altivo, desafiante y pleno de entusiasmo militante del 17 de abril de 2012. Ese día, llevando la voz cantante en el Congreso, criticó a "los tarados" que creían que el Estado debía indemnizar a esa empresa española que había "vaciado" YPF, comprometido el autoabastecimiento energético y dañado severamente el medio ambiente. Y no se privaba de palabras irónicas para Antonio Brufau, el CEO de Repsol que reclamaba un "justiprecio" por la expropiación.
 
Aquel discurso no fue, para Kicillof, uno más. Fue el que lo catapultó a la fama, el que lo llevó a las revistas internacionales que elogiaban su look juvenil, sus patillas rockeras, su desenfado y su camisa abierta sin corbata. Y fue, sobre todo, el discurso que encantó a Cristina Kirchner, quien luego festejó públicamente las ocurrencias de "Kichi", como la de calificar de "papagayos" a quienes osaran afirmar que el Gobierno tenía alguna responsabilidad por la crisis energética o que una expropiación de YPF traería consecuencias negativas.
 
La irrupción estelar de Kicillof fue lo que permitió que en el kirchnerismo se asentara la idea de que escribir la página épica de la "recuperación" de YPF podría salir casi gratis. Es que los datos provistos por el "joven" funcionario luego de su tarea como interventor en la petrolera dieron como conclusión que el pasivo financiero que habían dejado los españoles como herencia ascendía a u$s9.000 millones, más otro "pasivo ambiental" que algunos voceros oficiales llegaron a valuar en u$s6.000 millones. En ese momento el valor de mercado de YPF era de u$s11.000 millones. Era esta situación la que llevaba a Kicillof a comparar a YPF con Aerolíneas Argentinas, una empresa por la cual el Estado tuvo que pagar simbólicamente un peso, porque a pesar de que los anteriores dueños españoles reclamaban u$s1.000 millones, el tribunal de tasaciones determinó que tenía un valor negativo.
 
Sin embargo, las chicanas y los recordatorios de éste y otros cambios de parecer de Kicillof no necesariamente deben ser interpretados como un rasgo negativo en la carrera del estresado ministro. Más bien, al contrario, pueden verse como una saludable dosis de pragmatismo y realismo en alguien a quien se ha caricaturizado frecuentemente como un funcionario dominado por las anteojeras ideológicas. Así como en otros momentos terminó aceptando que el atraso cambiario perjudicaba a los exportadores, o que una suba de tasas de interés era una medicina amarga a soportar en un momento de inflación y corrida cambiaria, también en esta ocasión Kicillof demuestra tener una "cintura" tal vez mayor a la que sus críticos suponían.
 
El acercamiento con Repsol trasciende largamente el conflicto con la empresa, sino que atañe a toda la política energética, y el hecho de que se haya acordado un pago es un reconocimiento tácito de que la estrategia de la confrontación sólo traería mayores problemas para el país. De la misma forma que el sinceramiento de la inflación era el paso obligado para la normalización de las relaciones con el FMI y el mercado internacional de crédito, el fin de la hostilidad con la petrolera española constituía un requisito sine qua non para que YPF pudiera aspirar a asociarse con los peso-pesados del negocio.
Es probable que en el kirchnerismo haya nostalgia, pero no arrepentimientos. A fin de cuentas, la nacionalización de YPF fue una jugada que dio grandes réditos políticos al Gobierno. Las encuestas mostraban en su momento un contundente apoyo del 85% de la opinión pública a la medida. Por otra parte, implicaba un shock en un momento en que el Ejecutivo venía golpeado por una sucesión de hechos negativos, como la tragedia de Once, el affaire Boudou y las primeras señales de agotamiento del modelo económico. Y, sobre todo, supuso una gran victoria en la "batalla cultural", porque la jugada del Gobierno transformaba la situación energética en un planteo maximalista: o se estaba a favor de "recuperar" YPF o se avalaba que el petróleo argentino siguiera en manos de una empresa española que vació el país de reservas y dólares.
 
En aquel momento, Ricardo Forster, uno de los principales referentes de Carta Abierta, aludía al acierto oficialista al utilizar un lenguaje simple y directo, que asociaba los conceptos de autoabastecimiento energético con el objetivo de la "inclusión social". Tras celebrar la recuperación al lenguaje político de términos como "expropiación" ("una palabra cara a los intereses populares"), destacaba que la reestatización de YPF se ubicaba en línea con la supresión de las AFJP y la captación de dólares del Banco Central para la política de desendeudamiento.
 
Pero claro, había una pregunta que, aunque en ese momento figuraba en un segundo plano, se transformaría rápidamente en la cuestión fundamental. Y no se trataba de cómo resolver el conflicto con Repsol, ni de cuál debía ser el porcentaje accionario estatal, sino de algo mucho más de fondo: ¿quién pondría los u$s30.000 millones que harían falta para explotar Vaca Muerta y torcer la tendencia decreciente de la producción petrolera? Esa pregunta fue la que dio inicio al proceso que culminó con el espectacular "giro pragmático" de Kicillof. A los pocos días de pasada la euforia por la nacionalización, Cristina Kirchner entendió que estar parada encima del segundo mayor yacimiento de shale gas del mundo no significa tener los recursos para explotarlo. A partir de allí, la Presidenta comenzó a aleccionar a sus seguidores sobre la necesidad de dejar de lado los prejuicios y amigarse con Chevron, con Exxon, con la petrolera rusa y con la china, o con cualquiera dispuesta a invertir, aun cuando los contratos supusieran condiciones que harían parecer a los "malos" de Repsol como unos benefactores de la Argentina.
 
El acuerdo firmado con Repsol va en esta línea. A fin de cuentas, el tema más importante anunciado por el ministro no fue la cifra de la compensación, sino el hecho de que la firma española terminará con las hostilidades en los tribunales internacionales. Esto implica que ya no habrá riesgo de embargos, juicios o complicaciones legales para quienes quieran asociarse en Vaca Muerta.
 
Kicillof  puede que "no resista un archivo", pero nadie podrá ya acusarlo de inflexible o de no tener una visión pragmática. Para los amantes de las chicanas, sólo resta el dato morboso de saber si será Brufau en persona quien vendrá a estrechar la mano del ministro que lo denostó en días más felices. Pero para el Gobierno, lo que queda en claro es que sigue fiel a su instinto de supervivencia. Puede llegar hasta el borde del precipicio, pero no salta. Es más, puede dar una vuelta de 180 grados y, al mismo tiempo, argumentar que es por el bien del "proyecto nacional y popular".
 
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martes, 25 de febrero de 2014

Señal de Ajuste.

Disipada la sorpresa por el "sinceramiento" inflacionario del Indec, queda el tema de fondo: ahora hay que explicitar una estrategia contra la suba de precios. Y el Gobierno mantiene su actitud ambivalente de adoptar medidas de ajuste tradicional, al mismo tiempo que hace público su rechazo a las recetas de los economistas "ortodoxos".
 
Es por eso que, mientras Cristina Kirchner apunta contra los empresarios "desestabilizadores" que remarcan precios, hay otras iniciativas oficiales que se han ido tomando sin bien no forman parte de los discursos, por ir en contra del proyecto "nacional y popular".
 
La suba de las tasas de interés, retirar pesos del mercado, encarecer el crédito y la vuelta al endeudamiento del Banco Central nunca aparecen en el relato militante. Claro, no sólo son medidas poco simpáticas sino que hasta conforman la lista de iniciativas que el ministro Axel Kicillof había adelantado que nunca se adoptarían. Y, sin embargo, se hicieron presentes. De hecho, si hay alguna esperanza en el gremio de los economistas respecto de que la escalada de precios no entre en una fase aguda no es, por cierto, por el optimismo depositado en el programa "Precios Cuidados". Más bien, por el accionar de Juan Carlos Fábrega de pasar la aspiradora de pesos por el mercado.
 
Los elogios que el nuevo titular del Banco Central ha despertado entre analistas habitualmente críticos del Gobierno no dejan de llamar la atención. Empezaron el mismo día de su designación, cuando economistas muy escuchados en el mercado financiero ponderaron sus condiciones profesionales. Como Aldo Pignanelli, ex titular del Central, quien auguró que, con su llegada, se terminaría "la emisión sin límites". En los últimos días, al revelarse su firme disposición a subir las tasas de interés y retirar pesos del mercado, varios analistas han saludado la presencia de un funcionario que no sólo no niega la existencia de una relación directa entre maquinita de imprimir billetes e inflación, sino que actúa en consecuencia. Todo un cambio respecto de la filosofía que imperaba en los tiempos de Mercedes Marcó del Pont, quien solía quejarse de que "sólo en la Argentina" prevaleciera una concepción ya superada que ligaba la cantidad de dinero circulante con la suba de los precios.
 
Este entusiasmo llevó al analista Federico Muñoz a comparar a Fábrega con Paul Volker -el legendario presidente de la Reserva Federal estadounidense- quien en los años 80 domó a la suba de precios de la principal economía del mundo mediante un drástico incremento de las tasas de interés. Por el lado de los créditos, Muñoz afirma que Fábrega es consciente del perjuicio que genera en las pequeñas y medianas empresas que se encarezca el costo del dinero que prestan los bancos. Pero -en la otra vereda- en la del dinero que reciben las entidades (por ejemplo para plazos fijos) entiende que para defender al peso no queda otra alternativa que paguen más tasa y así terminar con la aberración de los tipos de interés tan negativos.
 
Sin embargo, el accionar de Fábrega, a pesar de haber sorprendido por su firmeza, no necesariamente despierta apoyo unánime. De hecho, está ocurriendo en estos días una situación que se inscribe dentro de una de las peores pesadillas del kirchnerismo: ser "corrido por izquierda". En otras palabras, ser acusado por los economistas "liberales" de aplicar métodos de ajuste clásico que traen como consecuencia un enfriamiento de la economía. El argumento principal es que, luego de emitir dinero para asistir al Gobierno -que necesita financiar gasto público- lo que hace el Banco Central es compensar retirando pesos del mercado. Y esto implica dos "pecados":
 
1. Reconocer a la emisión monetaria como un factor que fogonea la inflación. Esto pega en la línea de flotación del "relato", dado que es algo que los ideólogos K han desmentido siempre. Por caso, Kicillof, antes de ser ministro, ridiculizó este argumento al hacer notar que en Estados Unidos se había cuadruplicado la base monetaria y en la Unión Europea se había duplicado y, sin embargo, no sólo no subían los precios sino que había deflación.
 
2. Hacerle pagar el costo del ajuste al sector privado. Porque la "aspiradora" de Fábrega ocurre al mismo tiempo que el gasto público no da muestras de bajar. Es decir, se cierra el grifo de pesos a las empresas y a los particulares -que ahora tienen crédito más caro- haciéndoles pagar la falta de ajuste en el Estado. Si bien es tradicional que en el inicio de todos los años haya un retiro de pesos del circuito -para compensar la expansión que siempre ocurre en diciembre-, la magnitud de dicho ajuste no deja de sorprender.
 
En los dos primeros meses del año, la base monetaria -el dinero circulante más los depósitos de los bancos en el Central- se contrajo en casi $30.000 millones, al tiempo que las tasas tuvieron una abrupta suba que las ubica ahora en niveles de hasta un 30% anual. El economista Jorge Vasconcelos, así se expresa: "El sector privado deberá remar contra el encarecimiento del crédito, en un contexto de mayor presión tributaria, tanto de origen provincial y municipal como por la mayor incidencia de la falta de ajuste por inflación en el impuesto a las Ganancias".
 
En tanto, Salvador Di Stefano, un influyente consultor agropecuario con sede en Rosario, advierte sobre los efectos que empiezan a sentirse sobre el ámbito empresarial. "El mismo Banco Central que emite pesos para financiar al Estado, se los quita al sector privado y le devuelve una tasa de interés muy elevada, que terminará impactando en la actividad económica", afirma. Él es de los que cree que la actual política económica no será sostenible en el tiempo. "Si el Gobierno emite moneda y luego la absorbe, está generando un déficit en el Banco Central que lo terminará cubriendo vía más devaluación", advierte. Apunta que la consecuencia en el corto plazo será la de "un mayor endeudamiento, tasas de interés muy elevadas y crédito caro y escaso".
 
Pero, más inquietante, es el efecto de largo plazo. Porque según Di Stefano, al retirar pesos emite títulos que pagan un alto interés, lo cual ya está significando la obligación de responder por $45.000 millones en el año. En otra acusación que resulta indigerible para los seguidores del "modelo", destaca que para los bancos puede tornarse más atractivo prestarle dinero al Banco Central que a las empresas, lo cual trae reminiscencias de las épocas de la llamada "patria financiera". Un bolsillo ahorra, el otro gasta más.
 
No es el mejor momento para ser militante kirchnerista: antes las críticas apuntaban a que el Gobierno se parecía al régimen chavista; ahora se lo empieza a comparar con las políticas de Martínez de Hoz que llevaron a la "patria financiera" y a la ruptura de la "tablita".
fuente: iprofesional
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viernes, 21 de febrero de 2014

Cuestión de confianza.

El Indice de Confianza del Consumidor que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (ICC) cayó 23,4% en febrero respecto al mes anterior y se ubicó en el nivel más bajo desde 2002.
 
Según informó ayer la institución a través de un documento distribuido, el dato anunciado se trató de “la mayor caída” en un sólo mes desde que lo comenzó a publicar. El índice fue creado en 1998. En comparación con febrero de 2013, la caída fue de 29,7%.
 
La predisposición a comprar inmuebles y bienes durables bajó 59,1% con respecto a enero de 2014 y también marcó un máximo para la variación mensual. Las mayores caídas se dieron en el Gran Buenos Aires (28,8%) y en el resto de las provincias (18,8%). En ambos casos también son las caídas más grandes desde 1998. En Capital Federal perdió 12,3% .
 
En cuanto a la división según el poder adquisitivo, la desconfianza creció más entre los de menores ingresos: su ICC cayó 28,1% en febrero. “La mayor de la historia”, definió Guido Sandleris, director del CIF. Para los de mayores ingresos, la baja fue de 14,8%.
 
Según el informe, el desempeño del índice muestra que “a nivel nacional se observa una variación intermensual negativa del nivel de confianza vinculado tanto a las condiciones presentes como a las expectativas hacia el futuro”.
 
Según la visión generalizada de los analistas, el peor desempeño en el gasto y en las perspectivas del mismo, obedecen al aumento de los precios, la devaluación que ocurrió en enero cuando el peso se depreció 18% y el aumento de las tasas de interés que propició el Banco Central.
 
“El primer semestre está virtualmente jugado”, dijo ayer el economista del IERAL-Fundación Mediterránea, Gustavo Reyes.
fuente: ieco
 
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martes, 18 de febrero de 2014

A facturar por segundo.

Ayer venció el plazo de 60 días que otorgó el Gobierno a las operadoras de telefonía móvil para que comiencen a fraccionar el cobro de las llamadas de voz por segundo, en lugar de hacerlo por minuto, como hasta ahora.

El nuevo sistema de medición, que deben aplicar Movistar, Personal, Claro y Nextel, se inicia cuando la comunicación supera los 30 segundos iniciales. Hasta entonces, se paga una suma fija y luego se fracciona por segundo. Si la llamada dura menos, se debe igual pagar el total de esos 30 segundos iniciales.
Los 50 millones de abonados a telefonía móvil de la Argentina podrían ahorrarse hasta un 30% del precio pagado el último mes si el uso del servicio es similar, según estimaciones de la Unión de Consumidores de Argentina.
Ese ahorro equivaldría a una reducción de casi $ 9.000 millones en el año para la facturación de las empresas Movistar, Personal, Claro y Nextel, según el cálculo de la misma entidad.
 
Durante el fin de semana, Claro, la operadora del grupo Slim, informóa sus clientes que ya se adaptó a la resolución, y detalló el costo de las llamadas por los 30 segundos iniciales y por segundo, a partir del medio minuto, según los abonos vigentes de los usuarios.
 
Desde Personal, del Grupo Telecom, dijeron  que la compañía “está cumpliendo con la resolución, de manera que todos nuestros clientes verán reflejada en su facturación las llamadas que realicen a partir de hoy (por ayer) tasadas por segundo, sin que implique ninguna modificación en el valor de los planes vigentes”.
En tanto, Movistar, del Grupo Telefónica, informó que el cambio en el fraccionamiento por segundo, a partir de los 30 iniciales, “se descontarán del crédito o se facturarán, según el plan que posea el cliente”. Detalló que el cambio aplica a todas las llamadas locales y de larga distancia nacional de Movistar prepago y contrato y que “la tasación del resto de los servicios se mantendrá sin cambios”. Precisó que ese cambio rige desde hoy, 18 de febrero.
 
Desde Nextel, informaron que desde el 15 de febrero ya fraccionan el cobro por segundo, según la Resolución 26/2013.
En principio, las empresas tenían que cambiar la forma de cobrar las llamadas desde el 12 de diciembre, a partir de una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) de la ciudad bonaerense de San Nicolás, que reclamaba el cobro por segundos. Pero las operadoras lograron postergar esa medida, a través de un recurso judicial donde argumentaban que el fallo no estaba firme.
Sin embargo, dos días después, el 16 de diciembre, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, anunciaron que las empresas de telefonía móvil tenían 60 días para comenzar a facturar por segundo a sus usuarios, a través de la Resolución 26/13, publicada el 17 de diciembre pasado.
En tanto, los nuevos usuarios que se incorporaron a las empresas gozan de esa modalidad de fraccionamiento desde el 1º de enero de este año.
fuente: cronista
 
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viernes, 14 de febrero de 2014

Del indek al indec.

Era uno de los test que el mercado esperaba con mayor ansiedad. Es que, según lo que ocurriera con el nuevo Índice de Precios Nacional y Urbano (IPCNu), se interpretaría hasta dónde el Gobierno estaba dispuesto a reconocer la realidad, o si seguiría haciendo prevalecer su relato por sobre los datos duros

Sobre todo, teniendo en cuenta que enero fue el mes menos oportuno para el estreno, dada la fuerte devaluación del peso, el aumento en combustibles, transportes, peajes y alimentos, la categoría con mayor incidencia dentro del índice. A este panorama negativo se suma la presión que implica presentar un número coherente para el FMI, por lo que se esperaba que el IPCNu debutara con una cifra alta, lejos de los 0,8% o 0,9% mensuales de los últimos años. 

Con una inflación oficial para enero del 3,7%, se está ante un claro guiño al mercado por parte del Gobierno en el sentido de que, a pesar de la radicalización en el discurso (y de que busque culpar a los empresarios), ya no se va a seguir negando el problema inflacionario

Tanto los consultores privados como la oposición festejaron el sinceramiento del índice. Según Orlando Ferreres -uno de los economistas multados por Guillermo Moreno por difundir sus propias cifras -el nuevo indicador es "correcto" y aclaró que hasta los porcentajes en la categoría Alimentos y Bebidas coinciden con los relevados por su equipo. El analista Gabriel Rubinstein lo describió como un "buen comienzo para destrabar los problemas", en tanto que Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, señaló que el "3,7% es verosímil". Hasta Federico Sturzenegger, economista y actual diputado por el PRO, y Ricardo Delgado, asesor de Sergio Massa, aplaudieron el nuevo índice. 

Según los especialistas, la diferencia con las estimaciones privadas (que dieron una suba de precios para enero de entre un 4% y un 6%) recae en la ponderación del aumento del servicio de transporte público en el área metropolitana. "El número del Indec es creíble, porque la diferencia con la inflación calculada por la Ciudad es por la suba de los transportes, eso explica más del 1% de diferencia entre ambos", señaló Sturzenegger. 

Ahora, con este nuevo número, el Gobierno deberá "ajustar" los ítems pendientes en una agenda presionada por el "timing", que son: 

1. Tema salarial "Reconocer una inflación alta es positivo para sincerarse, pero tiene sus consecuencias, entre las que se destacan los reclamos por paritarias", señaló Lorenzo Sigaut, economista jefe de Ecolatina. Es que la nueva cifra le dará aun más razones a los gremios para pedir aumentos por encima del 35%. "La presión sindical va a ser alta, los gremios se van a agarrar de este número para decir ‘menos de esto no queremos'", señaló Ferreres. Y agregó que es importante considerar que el índice -al ser total país- atenúa el impacto inflacionario por los aumentos que se den sólo en Buenos Aires, pese a que allí vive una gran mayoría de los asalariados. 

Encolumnado en la CGT oficialista, el titular del sindicato de la alimentación, Rodolfo Daer, consideró que la medición del flamante indicador "comienza a manifestar la realidad" en la que, según explicó, la canasta familiar sufrió un fuerte aumento de precios. "Es un numero duro, pero manifiesta lo que se percibe y de lo que la gente se queja", señaló. Respecto a la discusión salarial, el sindicalista se mostró partidario de "tomar (el IPCNu) y tenerlo en la mesa de análisis cuando se discutan los salarios".

En tanto, un dirigente de la CGT disidente, Juan Carlos Schmidt, se mostró más cauto: "Es auspicioso que se haya dejado de lado la fantasía, pero si lo proyectamos traza un horizonte bastante complicado en materia económica". "Nadie se va a querer a sentar a discutir y perder poder adquisitivo", sostuvo tras recordar los aumentos que se registraron a fines del 2013 y el impacto de la reciente devaluación. 

En tanto, el sindicalista opositor Rubén "Pollo" Sobrero cuestionó los cambios en el INDEC y aseguró que la situación económica perjudicó a los asalariados

2. Mercado internacional de deuda Es sabido que el nuevo índice surgió tras la "tarjeta amarilla" que el FMI le sacara al Gobierno por la desconfianza que generaban las cifras. Este blanqueamiento está ligado directamente a la escasez de dólares que padece el país. "La Argentina necesita financiamiento externo como el agua", graficó Rubinstein, por lo que el sinceramiento tiene como principal objetivo "estar mejor posicionados frente al Club de París y al FMI". Así, es evidente que la necesidad de divisas supera la vigencia del discurso y de las políticas internas. "Si se mantiene este número, estás mostrando al mundo que no hacés algo que hacías en el pasado para que los inversores digan ‘mira, por primera vez en mucho tiempo salen a decir la verdad'", señaló Sigaut. 

3. Pago de bonos ajustados por CER y PBI Queda por verse cómo reaccionarán los tenedores de deuda ante las nuevas cifras y cómo éstas impactarán en las arcas del Gobierno. En su momento, la decisión por la que se avanzó en intervenir el organismo fue para reducir los compromisos vinculados con aquellos bonos que ajustan por CER (por inflación). Todo indica que la nueva metodología incrementará este tipo de cancelaciones. Aún resta por conocerse otro dato clave: cuál será la evolución del PBI que irá publicando el organismo. Es que, según como resulte, hará que el Gobierno deba afrontar además una mayor deuda derivada de aquellos títulos que gatillan el pago si la actividad económica del país supera el 3,26%. En la jerga financiera se los conoce como TVP y están nominados en dólares y en pesos. 

4. Consecuencias políticas Sincerados los números, al menos para el mes de enero, el Gobierno deberá pagar el costo de aceptar que estuvo mintiendo durante siete años y asumir una inflación que superaría el 30% anual. "Ahora 3,7 se parece a la de Venezuela y el Gobierno tendrá que hacer algo más que echarles la culpa a los empresarios", señaló el analista Diego Dillenberguer. Pero, por otro lado, el Gabinete se encuentra con el beneficio de empezar a normalizar la situación y reconocer, tácitamente, que hay un problema fiscal. El por qué de la intervención Para hablar de los orígenes del "dibujo" en las cifras es necesario remontarse siete años atrás, a enero de 2007, cuando fracasaron los acuerdos de precios que Néstor Kirchner había impulsado con los supermercados. En este contexto -de cara a la elección presidencial que llevó a Cristina Kirchner al sillón de Rivadavia- el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y su "patota" se instalaron en la sede del organismo y dieron comienzo a una serie de escándalos y episodios violentos. Un panorama de cifras "dibujadas" llevó a que las consultoras privadas publicaran sus propios índices, cosa que enfureció a Moreno y lo llevó a multarlas. Así las cosas -silenciados los privados- nació el llamado "Índice Congreso", a través del cual diputados de la oposición difunden un promedio de las mediciones generadas por las consultoras. Cuando Guillermo Moreno pidió a la Cámara Federal que anule su procesamiento por haberlas multado, argumentó que éstas habían actuado en combinación con el sistema financiero internacional y bancos locales para lograr ganancias con los bonos de la deuda. Así, usó en contra de los privados la misma causa por la cual se acusa al Gobierno de haber "dibujado" la inflación real. Los analistas también criticaron este uso de las cifras porque el ahorro que la administración K conseguía en estos bonos se neutralizaba con lo que se pagaba de más por la deuda atada al PBI, teniendo en cuenta que cuando se subestima la inflación se tiende a sobreestimar el crecimiento.

En plena campaña electoral de 2011, el blanqueamiento del IPC era uno de los ejes fundamentales del debate ya que, de ganar un opositor, iba a ser necesario plantear cómo se iba a reflotar el sinceramiento de las cifras. Esto es así dado que de modificarse la situación de un día para el otro y admitir al mundo que todo lo declarado hasta el momento por el Gobierno era "trucho", se corría el peligro de exponer al país a juicios y reclamos en tribunales internacionales, dado que la manipulación y su influencia sobre la cotización de los bonos podían ser consideradas como una estafa del Estado argentino. Pasadas las elecciones y con Cristina electa con el 54% de los votos, no hubo razones para plantear cambios y esta política se profundizó. Lo que aparentemente terminó por convencer al Gobierno de que había que corregir los números fueron los problemas con el FMI y su necesidad de hacerse de financiamiento externo. La propia titular del organismo, Christine Lagarde, anunció en un acto que la Argentina tenía "tarjeta amarilla" por sus cifras y emitió una declaración de censura a fines de 2012, instando al país a adoptar medidas correctivas, algo que enfureció a Cristina Kirchner. 

Hasta al presente, hubo intentos aislados y poco convencimiento para corregir la situación. El tema recién cobró fuerza cuando se hizo evidente que el Gobierno iba a estar necesitado de crédito externo. El nuevo índice significa una "salida elegante" ante el FMI, dado que con el cambio se justificarán las diferencias con el viejo IPC, argumentando que se trata de un universo de medición distinto, ya que abarca a todo el país y no sólo el área metropolitana, al tiempo que fue realizado con una nueva metodología aggiornada y más "compleja". Camino allanado para subir tarifas resta por ver cuáles serán los próximos pasos del Gobierno a la hora de enfrentar las paritarias. 

Lo que queda claro es que este nuevo indicador le allana el camino para un ajuste de tarifas. Es que con un nuevo IPC de carácter nacional (en el que las subas en Buenos Aires quedan amortiguadas por lo que suceda en otras regiones) el Ejecutivo estaría ante una mejor situación para aplicar un alza en las tarifas en los servicios públicos, sin que esto signifique un aumento inflacionario proporcional. "Al tratarse de un índice nacional, el impacto que pueda generar la medida en la cifra total va a ayudar al Gobierno discursivamente", afirma Rodrigo Álvarez, de Analytica.

En el gremio de los economistas creen que después de admitir la inflación, el próximo paso será reducir el gasto en subsidios. "Ayude o no en el discurso, ese incremento se va a dar", afirma Álvarez, en coincidencia con Todesca que anticipa que corregir las tarifas ya no es una alternativa para el Gobierno sino la única opción.
fuente: iprofesional

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lunes, 10 de febrero de 2014

Apaguen "la maquinita".

La emisión monetaria para financiar al sector público superó los $ 8.500 millones en enero pasado y rompió el amperímetro: es la mayor cifra de transferencias al Tesoro para un mes de enero de toda la era post convertibilidad. 

El nivel de financiamiento al sector público entra en contradicción con la política monetaria contractiva que conduce Juan Carlos Fábrega, titular del Banco Central (BCRA). Enero suele ser un mes en el que el BCRA queda libre de la necesidad de asistir al Tesoro. En los últimos tres años, el Estado no necesitó de la autoridad monetaria para cerrar sus cuentas: para ver un enero expansivo en materia de financiamiento al sector público hay que remontarse a 2010. Ese año se había establecido el récord de transferencias al Tesoro para un primer mes del año, con una expansión monetaria de $ 2.421 millones por ese motivo, algo más de un cuarto de lo que se emitió en enero de este año.

El salto en las transferencias para financiar el bache fiscal es aún más llamativo si se compara con el también fuerte avance que tuvo la recaudación durante el mes de enero. “Sorprendió el muy buen desempeño de la recaudación impositiva en enero, que totalizó poco más de $90.000 millones, con un aumento anual del 38%. Pero semejante flujo de ingresos no alcanzó a cubrir las necesidades de fondos de un estado nacional cada vez más voraz, que volvió a solicitar auxilio financiero al BCRA”, analizó el economista Federico Muñoz en un informe. “

La emisión monetaria destinada al financiamiento del sector público trepó en enero a $ 8.500 millones. Si no se frena la monetización del déficit fiscal, no habrá suba de tasas que baste para contener al dólar y los precios”, agregó. 

En lo que va del año, el titular del BCRA elevó los rendimientos de las letras y notas con las que regula la masa monetaria casi 13 puntos porcentuales con el objeto de elevar las tasas de interés, retirar pesos del mercado y sacarle aire así a la suba del dólar y de los precios. La inédita expansión monetaria para financiar al Tesoro sorprende más aún en ese contexto.Con todo, el de enero terminó siendo un mes contractivo en términos globales (como suele serlo cada año). A través de Lebac y Nobac, el BCRA esterilizó $ 10.746 millones, que se suman a los $ 7.400 millones que se retiraron a través de pases. 

También la intervención de la entidad en el mercado tuvo un fuerte rol contractivo: ventas por más de u$s 1.700 millones para conducir al dólar explicaron una reducción de la base monetaria de $ 12.717 millones. Otros conceptos explicaron, además, una expansión por más de $ 8.942 millones. El resultado global fue de una contracción del circulante de $ 13.339 millones. 

El BCRA dará a conocer hoy los rendimientos que está dispuesto a pagar por las Lebac. Con la letra a 90 días en 28,8%, hay expectativa entre los bancos para saber si Fábrega considera que las tasas han subido suficiente o no. 
fuente: cronista 

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jueves, 6 de febrero de 2014

Préstamos para pocos y pocas.

Las derivaciones de la depreciación del peso respecto del dólar, la inflación, y la cuantiosa emisión monetaria ocurrida durante 2013, provocaron que los responsables de la economía del país buscaran rápidos mecanismos para paliar los síntomas de este nuevo sismo en las finanzas del Estado. La suba de interés por parte del Banco Central y la siguiente suba de interés en los bancos provocaron el encarecimiento de los préstamos personales. 

Entre varias de las actividades financieras que se vieron comprometidas en el último período, la obtención de un crédito parece ser de una las más complejas y costosas. Es que los bancos subieron entre 3 y 11 puntos las tasas de interés por sus préstamos. Si una persona se acerca hoy a un banco privado, se le cobrará un interés como mínimo (en el mejor de los casos según la elección de la entidad financiera) de 60% anual en concepto de “costo financiero total” que congrega las comisiones y gastos administrativos. En el peor de los casos, la tasa nominal anual es de 50,50% que termina representando un 84,70 por ciento de interés en el caso de que el plazo de las operaciones sea de 12 meses. 

El banco Nación, quien también aumentó las tasas, es el único con los porcentuales más bajos que alcanzan un piso de 38 por ciento. Este medio recabó información de las principales firmas bancarias privadas con el fin de comparar las tasas de interés anuales (TNA) y el consecuente “costo financiero total” (CFT), que es el monto final real que deberá abonar el interesado. El plazo de operaciones en todas las consultas fue de 60 meses (cinco años). Banco Francés: TNA 49% | CFT 82,86% Banco Macro: TNA 50,50% | CFT 84,70% Banco ICBC: TNA 48% | CFT 81,44% Banco Santander Río: TNA 50% | CFT 84,19%.

La financiación en cuotas y los préstamos personales fueron uno de las principales inyecciones de consumo que buscaron empresarios y bancos, impulsados desde el Gobierno, para generar mayor consumo, pero la reciente suba de tasas impacta de lleno en estas actividades. 

Por otra parte, los plazos fijos también se encaren. El Banco Central informó que hoy se realiza una nueva licitación de Letras (Lebac) y Notas (Nobac) en pesos y dólares en diferentes tramos y a tasas fijas y variables, aclarando que en el primero de los casos los cortes predeterminados serán del 28,52 y 28,80 por ciento. “Para todas las especies licitadas del segmento a tasa fija en pesos el sistema de adjudicación será el holandés (precio único), excepto en los casos particulares de las LEBACs Internas a 70 y 91 días de plazo residual, para cuyos tramos competitivos se han establecido tasas de corte predeterminadas del 28,52% (precio: 0,948141) y del 28,80% (precio: 0,933008) respectivamente”, señaló la autoridad monetaria en un comunicado. 

El BCRA explicó que “dichos tramos serán adjudicados teniendo en cuenta el crecimiento de los depósitos en pesos a plazo fijo del sector privado captados por cada entidad participante”. Las Lebac en pesos se licitarán en siete tramos de 70 a 399 días, en tanto las Nobac en moneda nacional se harán en tres tramos, de 77 a 196 días. Por su parte, las Lebac en dólares estarán distribuidas en cuatro tramos, de 35 a 357 días de plazo. Según los especialistas, este paso enfriaría el consumo, pero se busca retirar la moneda para bajar la demanda de dólares y, a su vez, contener la inflación.
fuente: fortuna

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martes, 4 de febrero de 2014

sábado, 1 de febrero de 2014

Sabías que trabajas más de medio año para pagar impuestos ?

Pasan los años y el panorama no cambia. Por el contrario, se agrava. En lo que ya se considera un escenario normal y esperable, la Argentina soporta desde hace más de una década un continuo y sostenido aumento de la presión fiscal, lo que hace que los empleados destinen gran parte de sus ingresos al pago de tributos.
 
Así lo deja en claro la evolución del indicador denominado “día libre de impuestos”. El mismo refleja hasta qué día deben trabajar los asalariados para cancelar la totalidad de los gravámenes que deben soportar en el año. A modo de ejemplo, en 2002 los trabajadores argentinos se liberaron de la carga impositiva el 27 de febrero. Pasada más de una década, en 2013 el "día libre de impuestos" se trasladó al 21 de junio. Es decir, que tuvieron que dedicar más de medio año de sus ingresos para el pagar los tributos de ese período. Y el tema empeora.
 
 En 2014 el día libre de impuestos recién se registrará promediando julio próximo. Y respecto a los trabajadores que tengan mayores ingresos, recién llegará a mediados de agosto. Por lo tanto, habrá quienes deberán laborar cerca de dos tercios del año para sólo poder pagar los tributos que soportan.
 
El avance desmedido del indicador, a través de la última década, se debe a dos factores: la continua y sostenida suba de la presión fiscal apalancada por la evidente desactualización de los parámetros que constituyen el esquema de tributación de diversos impuestos. Así las cosas, sumada la prohibición que recae sobre el ajuste por inflación, cada vez es más asfixiante la carga tributaria que soportan los argentinos. Más aún si se tiene en cuenta que el índice de inflación medido por las consultoras privadas ronda el 30% anual. En otras palabras, la desactualización de las leyes impositivas, sumada a los aumentos de precios, genera que empresas y particulares paguen hasta el doble de impuestos de lo que les correspondería en otro contexto más acorde.
 
Según un reciente informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la presión tributaria en la Argentina está en el mismo nivel que en Alemania y por encima de la que hay en Brasil, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Los especialistas advirtieron que ya alcanzó niveles récord. En la década del 80 equivalía a 18% del producto bruto interno (PBI), en los 90 al 23% y ahora está por encima del 36% del "tamaño" de la economía. De acuerdo al documento elaborado por el Instituto que encabeza el economista Nadin Argañaraz, la Argentina tiene la 8° presión tributaria más alta del mundo por debajo de Dinamarca (48%), Francia (44%), Suecia (44%), Italia (43%), Finlandia (43%), Noruega (43%) y Alemania (37%). Al respecto, César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, aseguró que es “incluso es más elevada y está por encima del 40%” y no descartó que siga en aumento durante este año.
 
Así las cosas, año tras año se demora aún más la llegada del “día de liberación de impuestos”. Este indicador consiste en tomar como base de análisis un año calendario y calcular a partir de qué jornada un ciudadano deja de obtener ingresos que terminará enviando al Estado, bajo la forma de distintos tributos. En otras palabras, cuándo comienza a trabajar "para su bolsillo”. En 2013, de acuerdo con un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), ese "gran día" de "liberación" se ubicó entre el 21 de junio y el 25 de julio, dependiendo del nivel salarial. Es decir, que se trabajó más de medio año para pagar tributos. Está previsto que para 2014 se comience a dar recién a finales de julio.
 
La principal causa que impulsa la suba de la presión fiscal es la desactualización que provoca la inflación en los parámetros que determinan los diferentes esquemas de tributación vigentes. Uno de los casos más notables refiere a un gravamen que la semana pasada estuvo en boca de todos: el Impuesto sobre los Bienes Personales. La demora en la actualización del mínimo exento del tributo genera que cada vez más personas se conviertan en contribuyentes, sin que ello signifique un real crecimiento patrimonial o una verdadera "acumulación de riqueza". Al menos así lo aseguró Sergio Toledo, gerente de impuestos de S&A - Auditores y Consultores, quién recordó que en 1991 alcanzaba a quienes tuvieran un patrimonio que superara los 100.000 dólares. El especialista explicó que, desde aquel momento, la Ley del gravamen sólo fue modificada en dos oportunidades: En 1992, cuando se elevó el piso a $102.300 (conforme los coeficientes de actualización de la resolución general 3.653 de la DGI). Y en 2007, cuando no sólo se subió dicho valor a $305.000 sino que también se introdujo un cambio significativo respecto a la aplicación del monto mínimo: cuando anteriormente se tributaba sólo por el patrimonio que excediera esa cifra, a partir de ese año si la valuación de los activos superaba a ese mínimo, todos los bienes quedaban sujetos al gravamen.
 
Otro ítem que también es muy ignorado en lo que a actualización se refiere es el régimen de trabajadores autónomos. Esteban Aguirre Saravia, socio de Aguirre Saravia & Gebhardt, destacó que "en la actualidad, la normativa discrimina a los autónomos ya que sólo les permite computar una deducción especial que es casi cuatro veces menor a la de un dependiente". En igual sentido, la consultora tributaria Flavia Melzi advirtió sobre "la inequidad que se genera por la falta de adecuación de los parámetros de ingresos brutos para el encuadramiento del trabajador autónomo en las diversas categorías". "Si bien -en el último tiempo- el aporte mensual a cancelar se ha ido elevando periódicamente, respetando una cláusula de repotenciación periódica, nada se ha previsto respecto a la actualización de los montos de ingresos brutos obtenidos, base para encuadrarse en una u otra categoría", agregó la experta.
 
Asimismo, no son pocas las deducciones en el Impuesto a las Ganancias que sufren la desactualización impositiva. Al respecto, Iván Sasovsky, titular del estudio Sasovsky & Asociados, remarcó que "hoy por hoy las limitaciones a las deducciones admitidas frente al impuesto superaron en términos reales, por varios cuerpos, lo que en algún momento supieron ser". Tal es el caso de los gastos de automóviles que, según indicó el especialista, "nunca fueron actualizados y ascienden a $7.200 por año fiscal por cada rodado".
 
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