domingo, 29 de abril de 2012

La canasta de un jubilado cuesta $3.519.

La canasta básica de un jubilado cuesta actualmente 3.519,42 pesos, de acuerdo al cálculo que hizo la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Un año atrás, esa canasta mínima costaba $ 2.691,48. Esto significa que en los últimos 12 meses aumentó un 30,8%. Es un porcentaje más alto que el de la inflación que miden los Institutos Provinciales y muy lejos del 10% del INDEC, pero inferior a los dos últimos ajustes semestrales (setiembre 2011 y marzo 2012) que sumaron un 38%.

En dos años, la suba fue del 71,4 por ciento. Desde el mes pasado, el haber promedio de las jubilaciones es de $ 2.015, pero el grueso -casi el 75%- cobra $ 1.687. De estos números se desprende que la mayoría de los jubilados – 4.000.000 – alcanza a cubrir un poco menos de la mitad de la canasta básica. Por su parte hay más de un millón de pensiones no contributivas, que cobran el 70% del haber mínimo: son $ 1.181. En este caso, la cobertura todavía es más baja ya que solo cubre una tercera parte de los $ 3.519,42 mensuales.

En el caso de un matrimonio, ambos jubilados, el costo de la canasta sube a $ 4.250 mensuales. Así incluso dos jubilaciones mínimas de ambos cónyuges no cubren el costo de esa canasta, precisó el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino. La canasta contiene los bienes y servicios mínimos, imprescindibles de una persona de tercera edad, valuados a precios por debajo de la media de comercios y negocios, incluidos supermercados chinos. De esa canasta surge que el jubilado necesita gastar en alimentos $ 43 por día ($ 1.313,98 por mes). Que el alquiler o las expensas, si es propietario, es de $ 530 y en salud el gasto es mínimo ($ 204,67 por mes o $ 7 por día) porque no incluye los gastos de tratamientos complicados. Y supone que cuenta con la cobertura de la obra social y no requiere de la ayuda personal o en su casa de una persona. El gasto en recreación toma en cuenta una sola salida al cine, una comida en una pizzería y el pago de la cuota de un centro de jubilados. Los servicios de la vivienda son bajos por los subsidios en gas, luz y agua. Esos servicios que en la canasta del jubilado suman $ 90 mensuales. Y que se suponen serán mantenido si se eliminaran esos subsidios.

Semino aclaró que se trata del quinto reporte semestral desde que comenzaron a valuar el costo de la canasta del jubilado. Y se elaboró sobre la base de “no prestar ninguna conformidad para discutir la vejez como sinónimo de pobreza”. El ombudsman de la Tercera Edad agregó que estos números ayudan a explicar por qué “se transforma en un hecho tortuoso para cualquier trabajador activo asumir su próximo pasaje a la condición de jubilado”. Actualmente, se estima que, con 30 años de aportes, el trabajador se jubila con un haber equivalente a la mitad del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.

Otro punto de controversia son los coeficientes de ajuste para calcular esos 10 años que no reflejan la actualización ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Ese es uno de los motivos que llevan a quienes se jubilan a iniciar un juicio en base a la doctrina del Alto Tribunal. En el caso de los monotributistas, en su inmensa mayoría se jubilan con el haber mínimo.
fuente: ieco

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jueves, 26 de abril de 2012

Se terminó la indigencia.

En la Argentina casi no hay indigentes y la pobreza está en niveles mínimos . Esto es lo que se desprende de las cifras del INDEC difundidas ayer, que marcan que sólo el 1,7% de la población sería indigente y que los pobres alcanzan al 6,5% .

Mediciones alternativas, como los del Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), indican otra realidad muy diferente: la indigencia sería del 5,4% y la pobreza del 21,9% . Según los números del INDEC, habría 2.600.000 pobres, de los cuales 680.000 serían indigentes. Con la medición de la UCA, habría 8.700.000 pobres, de los cuales 2.200.000 serían indigentes. Estas diferencias tan marcadas –que engloban a 6 millones de personas–se explican por las divergencias en las mediciones que se arrastran desde comienzos de 2007, cuando fue “intervenido” políticamente el INDEC.

En la Argentina, como en otros países, la indigencia y la pobreza se calculan relacionando los ingresos de los hogares y de las personas con los valores de la canasta básica de alimentos y la canasta básica total. Ahí se origina la diferencia, porque si bien se admiten como válidos los ingresos que informa el INDEC, las mediciones sobre el precio de ambas canastas llegan a conclusiones muy distintas . Para la estadística oficial, a marzo pasado una familia tipo -matrimonio y dos hijos- no era indigente si tenía ingresos superiores a los $ 659,48 . Equivalen a $ 22 al día. Pero en base a los índices de precios de las provincias, esa misma canasta con productos iguales, valía el doble . Y en algunos distritos, como Chubut trepaba a $ 1.800. Lo mismo pasa con la pobreza. Para el INDEC, la familia tipo de 4 integrantes que tiene ingresos superiores a $ 1.458,87 (o casi $ 50 por día) no debe ser considerada pobre . Para las mediciones alternativas, ronda los $ 2.500.

En lo que coinciden la estadística oficial con las alternativas es que ambos indicadores sociales fueron disminuyendo , aunque a partir de niveles muy diferentes. Para el INDEC en un año la pobreza bajó del 9,9% al 6,5%. Para la UCA se redujo del 26,6% al 21,9%. Las mediciones alternativas reconocen que el menor desempleo y la Asignación Universal por hijo (AUH) ayudaron a reducir la indigencia y tuvo un impacto, aunque menor, sobre la pobreza . Pero aún computando los $ 270 por chico como parte de los ingresos de la familia, la indigencia sería entre 2 y 3 veces más alta porque el valor de la canasta alimentaria como mínimo es un 70% más cara que la oficial. Y la inflación real como mínimo duplica la del INDEC.

Por su parte, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que pertenece a la CTA del oficialista Hugo Yasky, sostiene que “si bien se verificó una notoria disminución de la pobreza y la indigencia entre 2003 y 2006, desde 2007 el nivel de dichas variables había disminuido sólo levemente” . Según CIFRA, a mediados de 2011 la indigencia era del 5,8% y la pobreza del 21,2%, cifras muy coincidentes con los datos que informa la Universidad Católica Argentina. CIFRA recalculó los datos del INDEC en base a un índice de precios provincial. Lo elaboraba Axel Kiciloff desde la consultora CENDA, hasta que asumió como viceministro de Economía y dejó de hacerlo . Su consultora descreía de la inflación oficial, al igual que descree CIFRA. Para esa fecha, en base a una valorización propia de las canastas que tiene en cuenta el precio “más barato de su rubro”, Artemio López -un consultor afín al Gobierno- estimó que la pobreza afectaba al 20,9% de la población y no al 8,3% como informaba el INDEC: para entonces era una diferencia de 5.100.000 pobres.
fuente: ieco

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lunes, 23 de abril de 2012

Las cuentas públicas en rojo.

Las cuentas públicas registraron en marzo un déficit de 2.392,3 millones de pesos, un 82% más que en igual mes de 2011, según informó hoy el Ministerio de Economía. Este desfasaje se produjo pese a un auxilio de 3.515,1 millones de pesos, provenientes del Banco Central, Anses y PAMI.

Por su parte, el superávit primario cayó 34,6 por ciento en forma interanual y se ubicó en 848,6 millones de pesos. Con el resultado de marzo, el primer trimestre cerró con un rojo financiero de 5.118 millones de pesos, casi 15 veces superior al que se había producido en el mismo período del año pasado.

A su vez, el resultado primario del trimestre muestra un superávit de 2.169,4 millones de pesos, lo que implica una reducción de 55 por ciento frente al primer trimestre de 2011. Las cifras fueron comunicadas por el Palacio de Hacienda mediante la distribución de la planilla oficial, luego de una reunión que mantuvo la presidenta, Cristina Fernández, junto al Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.

El deterioro de las cuentas fiscales se produjo pese a que el fisco tuvo un fuerte auxilio de fuentes de financiamiento intrasector público por un total de 3.515,1 millones de pesos. El BCRA aportó 2.307,9 millones, la ANSES 945,4 millones y el PAMI 242,9 millones de pesos.
fuente: cronista

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sábado, 21 de abril de 2012

martes, 17 de abril de 2012

Claves para entender la "estatización" de YPF.

1) ¿Es una compra o una expropiación? No se trata de una compra usual de mercado, sino de una expropiación. Se usa el mismo mecanismo que en Aerolíneas Argentinas, que permite no pagar una indemnización en forma inmediata.

2) ¿Se adquiere todo o parte? El Estado adquiere el 51% de las acciones de YPF, la mayor parte de las acciones de Repsol. Será el accionista mayoritario de YPF y toma su conducción. En el Gobierno aspiran a emular el modelo de Petrobras en Brasil.

3) ¿Cómo queda la composición accionaria de la compañía? En adelante, el Estado se queda con el 51%. De este monto, el 51% (26% del total) será propiedad del Estado Nacional y el restante 49% (25% del total) de los gobiernos provinciales. Al grupo Petersen (familia Esquenazi) le queda el 25,4% original y a Repsol sólo 6,4%. El restante 17,1% flota en el mercado.

4) ¿Es legal la expropiación? Si, desde el momento en que el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso sea ley. En el interín, el Gobierno tiene la potestad de ocupar temporariamente el control de la compañía al declarar de “interés público” el abastecimiento de hidrocarburos. Pero varios puntos de la iniciativa son controvertidos.

5) ¿Quién dirigirá el proceso de reconversión de YPF? A tal fin se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos integrado por los ministros de Economía, Planificación, Trabajo e Industria, y las provincias.

6) ¿Cuando habrá que pagar? El precio de las acciones que el Estado expropia no está definido. Su valuación la realizará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Existen antecedentes de procesos similares en los que se aplicaron diversos métodos. Según el criterio, el monto a desembolsar por el Gobierno iría desde u$s 2.100 millones a u$s 10.800 millones.

7) ¿De donde saldrá la plata? Aún no está definido. Una posible vía para obtener los fondos sería que el Tesoro coloque un bono al BCRA –que por la reforma de la Carta Orgánica ahora tendrá reservas ociosas por alrededor de u$s 7.000 millones– y éste gire los dólares al Ejecutivo para comprar YPF. El Central no puede comprar directamente las acciones. Pero sí el Tesoro. Como las reservas ya están en dólares no habría que pasar por el mercado cambiario. La ANSeS no es una opción de primera mano, porque por estatuto su fondo (el FGS) no puede adquirir valores sin cotización pública, como las acciones a expropiar.

8) ¿Qué beneficios obtiene el Gobierno? En el corto plazo, recupera el control de un activo estratégico para el desarrollo nacional. En términos de caja, equivale a un flujo adicional de fondos nada despreciable. En los últimos 5 años YPF tuvo utilidades por $ 21.400 millones. Pero giró en concepto de dividendos pagados (básicamente al exterior) poco más que la totalidad de estas utilidades. Por lo tanto, hacerse de la caja que representa YPF equivale para el Gobierno a un doble beneficio: un flujo de fondos frescos adicional y una menor salida de dólares al exterior, que ayudaría a descomprimir el mercado cambiario.

9) ¿Qué riesgos conlleva? España iniciará acciones legales. Y la Unión Europea tampoco se quedará de brazos cruzados. Se vislumbra otra larga batalla legal con los acreedores. El mayor riesgo para la Argentina es que la inversión se resienta. Y es una variable crucial porque en el largo plazo el país tiene dos desafíos: mayor productividad y menos inflación. Y las dos se combaten con más inversión.

10) ¿Con qué fondos se llevarán adelante las inversiones? YPF acudirá a fuentes de financiamiento internas y externas, y a asociaciones y uniones con otras compañías.
fuente: cronista

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sábado, 14 de abril de 2012

Presión Fiscal. La distorsión de los impuestos.

Cualquier contribuyente argentino con un patrimonio superior a los $ 305.000 deseará la semana próxima convertirse en el actor Michael Fox en su rol en la película Volver al futuro para poder regresar a 2007 y eludir así el pago del impuesto a los bienes personales. Cuando pasado mañana comiencen a vencer las declaraciones anuales de los impuestos a las ganancias y bienes personales, un importante número de contribuyentes que no sabían que técnicamente son ricos pagarán por sus bienes. Por lo tanto, la única posibilidad de no pagar sería "volver al futuro" y lograr que el Gobierno reconozca el impacto de la inflación.

Esto se debe a que desde 2007, cuando el mínimo pasó de $ 100.000 a $ 305.000, no se toca el piso para pagar el impuesto a los bienes personales, pese a que desde entonces la inflación, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), creció el 52,2 por ciento. Si se toma el índice combinado de las provincias que tienen una medición diferente a la del Indec, la inflación exhibió un aumento del 181%, según el blog elhombrecitodelsombrerogris ; mientras tanto, el índice de precios que mide la ex directora del IPC oficial Graciela Bevacqua creció al 170,8 por ciento.

Si se considera la inflación mayorista publicada por el Indec, el piso para comenzar a pagar sería de $ 500.000, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dirige Nadin Argañaraz. "La falta de un ajuste en el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales que lo adecue, por ejemplo, a la evolución del nivel general de precios reflejada por el índice de precios mayoristas, las tablas de valuación de automotores y/o la base imponible de impuestos inmobiliarios provinciales, provoca una distorsión significativa", indicó.

Esto lleva a que quedaron alcanzadas por Bienes Personales "muchas familias que no han visto incrementada su riqueza en términos reales", agregó el informe, que precisó que esto incluye a personas que poseen el mismo inmueble para vivienda y un vehículo de similar categoría al que tenían en 2001, cuando todavía regía el plan de convertibilidad. Mientras que la base para pagar se mantuvo sin alteraciones en los últimos cinco años, el valor para calcular el pago de los inmuebles creció un 391% en términos acumulados. Este porcentaje aumentará aún más este año por la decisión de la mayoría de los municipios y provincias del país de aumentar las valuaciones fiscales; en el caso del fisco porteño, si bien aumentó el monto a pagar en la tasa del ABL, no creció la valuación fiscal en forma significativa. Los autos también En el caso de los automóviles, el valor de las tablas publicadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creció entre el 47 y el 66 por ciento. Por esta razón, quien hace 10 años no pagaba nada por bienes personales y mantiene los mismos bienes que entonces ahora abonará $ 1890 por este impuesto, que este año recaudaría $ 7146 millones.

El mismo karma existe en torno del impuesto a las ganancias, por el que el Gobierno proyecta recaudar unos $ 131.000 millones, ya que si bien hubo algunas actualizaciones del mínimo no imponible, fueron menores al aumento de los precios. Tampoco se actualizaron las alícuotas ni las deducciones de Ganancias desde el estallido de la convertibilidad, más allá de algunos conceptos como las cargas de familias y las deducciones especiales. El Gobierno puede decidir sin autorización legislativa aumentar el mínimo no imponible, pero los tributaristas consultados afirmaron que el declive del poder del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, conspira contra esta posibilidad. Moyano fue uno de los principales impulsores de esta medida en los últimos años.

Los especialistas en cuestiones tributarias César Litvin, Flavia Melzi y Alejandra Schneir coincidieron en cuestionar la falta de actualización del piso para pagar Bienes Personales frente al fuerte revalúo de las propiedades y, en menor medida, de los automotores. Afirmaron que el gran impacto sobre Bienes Personales se sentirá en el pago de 2012. "La incidencia que empiezan a tener los impuestos provinciales sobre los inmuebles comienza a ser muy importante, en un momento récord en términos de presión tributaria, que totaliza el 37% del PBI", señaló Litvin. Melzi sostuvo que "con un piso de $ 305.000 para pagar Bienes Personales va a pagar mucha más gente; es irrisorio decir que la gente con ese dinero tiene una alta capacidad contributiva". En tanto, Schneir agregó que "la falta de ajuste en Bienes Personales y en las deducciones de ganancias, salvo las excepciones que se registraron, genera inequidad, sobre todo para los autónomos". Los tres especialistas consideraron altamente improbable que el Poder Ejecutivo aumente el piso de Bienes Personales, un impuesto creado "en forma transitoria" hace 21 años.
fuente: la nación

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miércoles, 11 de abril de 2012

La Anses sigue sin responder a los jubilados.

En los primeros tres meses de este año en los Tribunales ingresaron 26.603 demandas y apelaciones previsionale s, de acuerdo a las cifras de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Sumadas a las que ingresaron en años anteriores y aún no tienen sentencia o no fueron canceladas, hay más de 500.000 juicios de jubilados con distintos reclamos contra la ANSeS.

El total de expedientes supera levemente a los de igual período de 2011, pero con un mayor número de apelaciones. En su mayoría las demandas de los jubilados son por reajuste de haberes. En cambio, el mayor número de expedientes ingresados en los juzgados de segunda instancia se debe a que hay más sentencias que son apeladas por la ANSeS , a pesar del compromiso oficial de respetar los fallos si están encuadrados en la jurisprudencia de la Corte.

El grueso de los reclamos corresponde a reajustes de haberes , que se aceleraron luego que la Corte Suprema dictaminó, en el caso Badaro , que los haberes jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 deberían haberse ajustado un 88,3%, según el índice de variación salarial del INDEC. En ese lapso el Gobierno otorgó sólo dos aumentos generales: del 10% en septiembre de 2004 para los que ganaban menos de $ 1.000 y el 11% en junio de 2006 para todos los jubilados.

También las demandas crecientes son porque la Corte dictaminó que, para calcular la jubilación inicial (se toma el promedio de los últimos 10 años), la ANSeS debe actualizar los sueldos por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción – personal no calificado – muy superior al que utiliza la ANSeS. Por esta razón, buena parte de los trabajadores en relación de dependencia apenas obtienen la jubilación, inician una demanda solicitando la aplicación de los índices fijados por el Alto Tribunal.

Esta avalancha de juicios también se debe a que el Gobierno no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema, obligando a cada jubilado a iniciar un juicio. Y también porque la propia Corte hasta ahora no se pronunció ante la demanda de la Defensoría del Pueblo que reclama que extienda su propia jurisprudencia a todos los jubilados.

Semanas atrás, en un comunicado especial la Cámara de la Seguridad Social planteó que se había agudizado la situación “de colapso”que ya había llevado en 2009 al cierre temporario de la sede del Fuero de la Lavalle 1268 por el riesgo de derrumbe por el peso de los expedientes. Según la Cámara, en 2009 ingresaron 128.650 expedientes; en 2010, 132.981 expedientes, y en 2011, 133.741 expedientes”. En tanto, el año pasado, además del reajuste de haberes, la ANSeS canceló unas 17.000 sentencias y este año podría pagar otras 25.000, de acuerdo al presupuesto votado por el Congreso. Con este ritmo, las nuevas demandas cuadruplican las sentencias abonadas.

El tema preocupa al Gobierno, que quiere poner algún tope a los reajustes de sentencias.
fuente: ieco

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domingo, 1 de abril de 2012

Cómo se reparten los planes sociales?

Según un informe publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2011, casi 9 millones de personas fueron beneficiados por el Gobierno Nacional con diferentes (varios al mismo tiempo), planes sociales tales como la Asignación Universal por Hijo, el Programa de Seguridad alimentaria, Conectar igualdad, Acciones de Empleo, o el Plan Argentina Trabaja.

Como no podría ser de otro modo, los casi 25 mil millones de pesos erogados en ese concepto por el Estado fueron otorgados de manera discrecional y clientelística, bajo los lemas de “redistribución de la riqueza” e “inclusión social”. El detalle en cuestión es que gran parte de los fondos destinados a los mencionados beneficios, salen del sistema previsional, del seguro de desempleo y de las asignaciones familiares.

La AUH, por ejemplo, se paga con dinero de la Anses, al igual que el Plan Conectar Igualdad. Con respecto al Plan Argentina Trabaja, si bien se desarrolla en la mitad del país, la provincia de Buenos Aires es la que recibe el 70%. Aún así, los montos percibidos por los beneficiarios son casi la mitad del salario mínimo.

El programa Acciones de Empleo contempla subsidios para capacitación o para reinserción laboral y se sostiene con el dinero destinado al Fondo Nacional de Desempleo, que otorga en concepto de seguro de desempleo solo $400 mensuales a quienes se encuentran sin trabajo.

Por último, el programa de Seguridad Alimentaria por el que se otorgan bolsones de comida a familias con hijos menores de 14 años, adultos mayores, discapacitados y embarazados, cuenta con 2.041 millones de pesos destinados a tales efectos.

En las últimas horas se ha confirmado la decisión del Gobierno Nacional de utilizar las reservas de Banco Central para reactivar la economía, y esto probablemente deba entenderse, entre otras cosas, como el otorgamiento de mas planes “descansar” para las organizaciones sociales que hace pocos días protagonizaron una masiva protesta por el otorgamiento discrecional de los mencionados beneficios.

En paralelo, el déficit fiscal está ahogando a las provincias, que podrían cerrar este año con un rojo en sus cuentas entre los 20 y 25 mil millones de pesos. Pese a las bondades de la contabilidad creativa, es cada vez más inocultable el déficit en virtud de la presión tributaria que se ejerce sobre los sectores medios de la población. De hecho, el acumulado en las cuentas públicas en los últimos doce meses ronda los 35 mil millones de pesos, y deja al descubierto las reales motivaciones que impulsaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Tesoro sigue tomando fondos de la Anses, BCRA, y otros organismos del sector público, para financiar un delirante gasto en concepto de “adelantos transitorios” que en realidad son “definitivos”, dado que nunca podrá devolverlos por dos razones: se renuevan constantemente y la inflación los acrecienta cada vez mas.

En los últimos 60 días, el déficit del Tesoro Nacional se posicionó en los 7 mil millones de pesos aproximadamente, pese a que fue maquillado con fondos recibidos de otros organismos en unos 3 mil millones de pesos. Gastos como el de AUH y “jubilaciones para todos”, se incrementaron sensiblemente. Aunque quiere, el Gobierno no está logrando recortar el gasto, ya que la AUH, salarios, jubilaciones y universidades representan casi el 55% total del gasto primario. Por lo visto, a Cristina y su elenco, tampoco les está funcionando el plan “sintonía fina”, como no le funcionó el Plan A, ni el B, ni el C, ni el D. ¿Se viene definitivamente el Plan K de exterminio de la clase media argentina concretando el tan anhelado “vamos por todo”?
fuente: tribuna

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