martes, 8 de marzo de 2011

El Gobierno subsidia a Cargill.

 La multinacional Cargill es una de las cinco mayores corporaciones norteamericanas y la principal comercializadora de granos del mundo, con operaciones en 66 países. Es difícil rastrear otro país donde se reciba subsidios del Estado, como sucede en la Argentina. Con la excusa de los convenios para frenar la escalada inflacionaria, el Gobierno benefició con millonarias “compensaciones” a los actores más poderosos de la cadena agroindustrial. Las cerealeras trasnacionales Cargill y Nidera fueron dos de las firmas más favorecidas por la asistencia estatal. Entre las compañías locales se destacan Grobocopatel, Molinos Río de la Plata, Mastellone, Sancor y empresas con aceitados vínculos políticos, como Aceitera General Deheza y Molinos Cañuelas.

 En teoría, el selecto club que embolsó la mayor tajada de las subvenciones debía contener los precios de alimentos básicos, como harina, aceites, lácteos y pollo, algo que sólo ocurrió en los papeles del Indec. Entre 2007 y 2010, a través de la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), se canalizaron más de 9 mil millones de pesos en subsidios a empresas agroindustriales. Los fondos se distribuyeron a los siguientes sectores:

• Molinos de trigo: cinco molinos se apropiaron del 48% de los $ 2.250 millones dirigidos, supuestamente, a abaratar el precio de la harina.
• Aceites: cuatro empresas acapararon el 75% de los $ 282 millones liquidados al sector.
• Faenadoras avícolas: tres empresas recibieron el 47% de los $ 1.650 millones destinados a congelar el precio del pollo.
• Lácteos: cuatro compañías concentraron el 72% de los $ 616 millones volcados a la industria.

El resto del dinero se repartió entre Feed lots (establecimientos de engorde a corral de ganado bovino), 1.700 millones de pesos; y de manera más atomizada, se destinaron a tambos ($ 1.100 millones); productores de trigo ($ 340 millones) y productores porcinos ($ 90 millones). Semejante lluvia de subsidios no se reflejó en menores precios, ni siquiera en remarcaciones moderadas. Entre 2008 y 2010, la harina de trigo aumentó 66%; el aceite de maíz, 80%; el kg de pollo, 69%; la leche entera en sachet, 94% y los cortes de carne vacuna –en promedio– más del 130%. Lo increíble es que, en general, esos eran productos populares, en teoría, bajo acuerdo con las empresas favorecidas por las subvenciones. En el resto de los productos –más sofisticados– los precios estaban directamente liberados: por ejemplo, la leche larga vida aumentó 134% en el período.

 No es descabellado inferir que una porción significativa de los recursos estatales terminó inflando la rentabilidad empresaria. Hasta la semana pasada, el titular de la Oncca era Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz, un pingüino que gozaba de la máxima confianza de Kirchner. Sin embargo, Moreno siempre tuvo la última palabra en todos los pagos. La resolución 147/07 del Ministerio de Economía establece que el organismo no abonará ninguna “compensación” sin la autorización previa de la Secretaría de Comercio Interior que, entre otros requisitos, exige la presentación de los listados de precios y facturas de las empresas. Miremos con más detenimiento lo que sucedió, por ejemplo, con el trigo y la harina, sector en el que Moreno forzó una transferencia fabulosa de ingresos hacia las cerealeras y los grandes molinos.

Entre las empresas que percibieron más compensaciones se destacan:
Molinos Cañuelas: $ 386 millones. La firma tiene como principal operador ante el Gobierno a Alberto España, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), un ejecutivo de diálogo muy fluido con Moreno. Hasta el año pasado, era el único molino que había obtenido compensaciones, no sólo por harina de trigo (triple cero) destinada a la elaboración de pan –el precio que el Gobierno supuestamente quería proteger– sino también por la harina de mejor calidad (cuatro ceros) para repostería, galletitas, tapas de empanadas y pastas.

Andrés Lagomarsino e Hijos SA: la compañía conducida por Marcos Lagomarsino –ex titular de la FAIM y actual secretario de la entidad– cobró 208 millones de pesos, también la mayor parte en 2010.

Molinos Felix SA: 154 millones de pesos.

Los Grobo Inversora SA: a la empresa de Gustavo Grobocopatel –conocido como el rey de la soja– se le giraron casi 18 millones de pesos. El empresario se diversificó, con la ayuda oficial, a la molienda de trigo y la comercialización de harinas.

Sólo entre Cargill y Molinos Cañuelas acaparan el 32% de las compensaciones distribuidas por la Oncca a la molinería. En teoría, el Estado paga los subsidios a molinos o cerealeras con molienda propia –como Cargill– para resarcirlos por la harina que venden a “precio preferencial” –más bajo que el valor de exportación– a panaderías, cadenas de supermercados y panificadoras industriales. Sin embargo, estas compañías multiplicaron sus exportaciones en los últimos años y existen denuncias en Chile, Uruguay y Brasil que exportan harina a precio internacional con el incentivo estatal. Un negocio redondo.

En enero pasado, estalló una vez más el conflicto por el precio del trigo. Los chacareros denuncian que el Gobierno patrocina a cerealeras y grandes molinos a costa de miles de productores agrícolas. El mecanismo es el siguiente: se cierran al momento de la cosecha las exportaciones de trigo, con el supuesto objetivo de contener los precios de la harina y el pan; en ese lapso, molinos y cerealeras adquieren barata la materia prima; luego Moreno asigna cupos de exportación por empresa y venden caro, a precio internacional, lo que compraron barato. Además, dado su poder de mercado, las gigantescas comercializadoras suelen aplicar “descuentos” –de hasta 50 dólares por tonelada– en el valor que le pagan a los productores, que nunca logran cobrar así el “precio pleno” del cereal; es decir, la cotización internacional menos la retención.

“Hay un pacto Moreno-Cargill”, disparó meses atrás el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. “Hace unos cinco años que las multinacionales compran barato porque los productores están obligados a vender barato y después les dan un cupo para vender en dólares a los mercados internacionales ¿Cómo puede haber tanta inocencia? Cuesta creer que los favores a las multinaciones y a grupos tan concentrados sean gratis”, concluyó el dirigente rural. Llama la atención, ciertamente, que Moreno haya desviado una avalancha de subsidios estatales a Cargill, dados los antecedentes que el propio Gobierno reveló de la empresa. La multinacional –junto a otras comercializadoras de granos que operan en el mercado local– es investigada desde hace años por la AFIP por maniobras de triangulación de exportaciones, vía filiales en Uruguay y otros países, para pagar menos impuesto a las ganancias y retenciones. En octubre de 2010, un juez en lo penal económico procesó por supuesta “evasión agravada” a directivos de Cargill y les trabó embargo por 100 millones de pesos. La AFIP indicó entonces en un comunicado que “constató que Cargill realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay, pero esto sólo a los efectos contables: es decir, la facturación iba por un camino y la exportación por otro”. Y luego decía que “de las diez empresas que más vendieron granos en 2009, hay cuatro que no pagaron ni un solo peso de Ganancias”. Pese a semejante denuncia del ente recaudador, Moreno autorizó millonarios desembolsos a la cerealera norteamericana, aún después del último fallo judicial. En octubre último, la Oncca le pagó 13.997.662 pesos; en diciembre, 17.700.942 pesos y el 18 de enero (último disponible al cierre del libro), 18.369.820 pesos. En total, más de $ 50 millones a una compañía cuyos directivos habían sido procesados por evasión.

En una situación parecida se encuentra el Molino Lagomarsino. La AFIP lo investiga por una supuesta evasión millonaria, cometida entre 2000 y 2003, lo cual no impidió que se le otorgaran más de 200 millones en subsidios.

Nidera es otra de las grandes traders de cereales en la mira de la AFIP, por maniobras de evasión entre 2005-2009: según las actuaciones del organismo, adeudaría al fisco $ 260 millones. A fines del año pasado, se convirtió en el blanco de todas las denuncias del Gobierno por la explotación de trabajo esclavo en la localidad bonaerense de San Pedro. Nadie recordó, sin embargo, que el Estado la había beneficiado con millonarios subsidios de la Oncca entre 2007 y 2008.

Puede un gobierno que toma estas medidas considerarse progresista? La respuesta es no.
fuente: perfil

Gracias por visitar...volvé pronto!!!!

1 comentario:

  1. Esta noticia seguro ayudara mucho a la sociedad en cuanto a los gastos. Ahora en Informes Forex estuve viendo de las implicancias en manera politica. Ambos buenos informes!

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