jueves, 17 de junio de 2010

Las Privatizaciones argentinas de los 90 (última parte)

PRINCIPALES CASOS DE PRIVATIZACIÓN EN ARGENTINA
Telecomunicaciones: La privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) es un claro ejemplo de cómo las autoridades asignaron prioridad a los objetivos macroeconómicos de las privatizaciones en la primera parte de su mandato. ENTEL hasta de noviembre de 1990 fue prestadora monopólica de servicios telefónicos y afines que cubría el 92% del mercado argentino de telecomunicaciones. En esta operación el gobierno sacrificó eficiencia asignativa (permitiendo bruscos aumentos tarifarios y reduciendo artificialmente el grado de competencia en el mercado) para obtener un mayor financiamiento a través de un aumento en el precio de venta de la empresa.

La privatización de ENTEL fue realizada en un tiempo extremadamente breve. Se decidió dividir a la compañía en dos, cada una de las cuales prestaría el servicio en una determinada área geográfica (zonas norte y sur) para estimular una suerte de “competencia por comparación” entre monopolios naturales. Su privatización fue integral (sin que el Estado retuviera parte de las acciones) y se realizó en dos etapas: primero se licitaría el 60% del paquete accionario de cada una de las nuevas firmas y luego se colocaría el 30% de las acciones entre el público (reservándose un 10% de las acciones para los trabajadores).

Dentro de cada grupo oferente debía participar una compañía telefónica con experiencia internacional en carácter de operadora del servicio. Se fijó un precio base de 1.672 millones de U$S por toda la empresa, a abonarse una parte al contado (214 millones de U$S), otra financiada (380 millones de U$S) y el resto en títulos de deuda externa argentina, y se decidió que el gobierno asumiera la casi totalidad de los pasivos de la firma.

Solamente tres ofertas fueron recibidas en la fase de cotizaciones de precios: Telefónica Española, que ofertó el mayor precio por ambas zonas, por lo que optó por hacerse cargo de la zona sur. Para la zona norte fue elegido el grupo liderado por Bell Atlantic, pero a raíz de sus incumplimientos tuvo que abandonar la licitación. Con lo que el adjudicatario final fue el grupo liderado por STET/France Telecom. Los precios finalmente conseguidos por la venta del 60% de la empresa fueron los establecidos en el pliego para la parte en efectivo (contado y financiado) recibiéndose adicionalmente títulos por un valor nominal de 5.028 millones de U$S equivalentes a 769 millones de U$S a valores de mercado; con ello, el monto total obtenido por la venta de este paquete ascendió a 1.211 millones de U$S. Finalmente , en diciembre de 1991 y marzo de 1992 el Estado vendió (utilizando el mercado de valores argentino como una serie de mercados internacionales) el paquete minoritario de las nuevas empresas que había quedado en sus manos consiguiendo, desde el punto de vista financiero, un éxito rotundo ya que se obtuvieron 837 millones de U$S por Telefónica y 1.227 por Telecom.

 Aeronavegación: Tal como ocurrió con ENTEL, con la privatización de Aerolíneas Argentinas el gobierno volvió a dar más importancia a sus objetivos macroeconómicos que a los microeconómicos: y nuevamente se permitió un fuerte incremento tarifario (especialmente en los vuelos de cabotaje) para conseguir un precio más alto por el fondo del comercio enajenado. La privatización se inició en 1989. El gobierno decidió hacerlo mediante una licitación pública internacional, donde se transferiría la mayoría del capital social: se enajenaría el 85% del capital accionario, el 10% quedaría en manos de los trabajadores de la firma y el 5% restante lo conservaría el Estado. El precio base fue de 623 millones de U$S, pagaderos parte en efectivo y parte en títulos de la deuda externa. Sólo se recibió una oferta concreta: la del grupo integrado por la aerolínea española Iberia y una serie de compañías argentinas encabezadas por Cielos del Sur SA, propietaria de Austral. Dicha oferta consistía en dos pagos de 130 millones de U$S (uno al contado, otro financiado a diez años) y la entrega de títulos de la deuda externa argentina por 1.610 millones de U$S (aproximadamente 322 millones de U$S a valor de mercado). Asimismo, el grupo oferente se comprometió a incorporar quince nuevos aviones en el período 1991/94.

Servicios viales: Al finalizar los ‘80, el sistema vial argentino estaba al borde del colapso: anualmente se deterioraba un 10% de los caminos, mientras que la capacidad de mantenimiento del Estado sólo alcanzaba para repavimentar un 3,5% de la extensión de la red. Así, en 1990 sólo un 30% de los caminos pavimentados se hallaba en buen estado, y no había elementos para suponer que esa situación pudiera mejorar en el corto o mediano plazo.
Para solucionar estos problemas y rehabilitar la red caminera del país el gobierno encaró una reforma con tres ingredientes: 1) se aplicarían peajes en las rutas de alto tráfico (así cada usuario se hace cargo de los costos que ocasiona); 2) el uso de los fondos públicos se limitaría a rutas de bajo tránsito; y 3) en ambos casos se abandonaría el método de contrato por obra pública para la construcción de caminos, se lo reemplazaría por el de “lave en mano”: el contratista privado tiene a su cargo la construcción, mantenimiento, operación y transferencia de las carreteras, es decir que ya no le venderían caminos al Estado para que éste los administre, sino que se harían cargo (los operadores privados) de prestar el servicio por su cuenta y riesgo a cambio de una tarifa de peaje o de fondos públicos preestablecidos por contrato. De uno u otro modo, las empresas privadas estaban sometidas a una regulación de calidad y de cumplimiento de los parámetros contractuales por parte del sector público.

Al igual que los anteriores casos, el gobierno justicialista buscó obtener el mayor beneficio fiscal posible. Primero, se concesionaron casi 10.000 km de rutas nacionales. La idea del gobierno era entregar los corredores viales a través de licitaciones en las que los oferentes deberían cotizar el mayor canon posible a favor del Estado.Según el pliego licitatorio, antes de cobrar peajes, los operadores debían corregir las deficiencias más graves de las rutas y restituir la señalización vertical, así como también cumplir metas estrictas respecto a la calidad de los servicios. En un segundo momento, los concesionarios debían realizar una serie de obras prioritarias (puentes, distribuidores de tránsito, etc.) y complementarias (servicios sanitarios, comunicaciones, etc.). En 1990 el gobierno adjudicó 9.800 km de red caminera nacional pavimentada, por lo que percibiría un canon de 890 millones de U$S. Pero el desprestigio social del sistema de peajes (por las tarifas excesivamente altas y también el mecanismo indexatorio que, medidas en U$S, las elevaba en un 53% afectando los costos de los productores; además, muchos de los concesionarios empezaron a cobrar peaje antes de lo que correspondía y ubicaron las casillas de cobro a muy poca distancia entre sí) hizo que los contratos sólo se mantuvieran por cinco meses. El desenlace final consistió en una renegociación de la concesión por la cual se disminuyó el peaje, se eliminó el canon a favor del Estado, se redujeron los impuestos y se otorgaron subvenciones a los concesionarios.

 Petróleo: Hacia fines de los ’80 la actividad petrolera en la Argentina se caracterizó por el liderazgo de la empresa estatal YPF y por la fuerte intervención del Estado. El predominio del Estado se justificaba por la necesidad de asegurar el autoabastecimiento del recurso, la apropiación social de la renta generada por éste y la necesidad de definir una política óptima de agotamiento. Al instalarse en 1989 el nuevo gobierno, se ingresó en un audaz proceso de privatización y desregulación petrolera, cuyos objetivos fueron básicamente crear mercados competitivos en las distintas etapas de la actividad, abrir las transacciones al comercio internacional, capturar en el presente las futuras rentas petroleras y mejorar el nivel de eficiencia productiva de YPF. Los instrumentos aplicados fueron: la privatización de las reservas petroleras (, las desregulación de precios, la eliminación de las trabas al comercio exterior, la reducción de las alícuotas impositivas a los combustibles y la privatización de YPF.

La venta de reservas petroleras comprobadas (explotadas hasta ese momento por YPF) es otro claro ejemplo de la prioridad asignada por las nuevas autoridades a los objetivos macroeconómicos de corto plazo. En este caso, si bien el efecto fiscal a corto plazo es claramente positivo, el efecto neto a largo plazo parece tener el signo contrario, dado que se sacrifican las utilidades que tales reservas habrían reportado a YPF, que aún permanecía en manos del Estado (ahora pertenece a Repsol).

La venta de reservas petroleras se realizó a cambio de divisas en efectivo (sin canje por deuda). En junio de 1993 se realizó la privatización de YPF, mediante la colocación de sus acciones en el mercado nacional e internacional; de esta forma se enajenó un 45% del capital accionario, recaudándose 3.040 millones de U$S. La característica de la privatización de YPF es que fue impulsada por objetivos político-electorales: una porción sustancial de los fondos recaudados se destinó a pagar parte de la deuda que el Estado tiene con la clase pasiva, además los jubilados tuvieron la opción de cobrar parte de sus créditos en acciones de la empresa pagando por esas acciones un precio muy inferior al que regía en el mercado; esta facilidad fue otorgada en el bimestre anterior a las elecciones nacionales de 1993.

Con todo, el punto más conflictivo de la privatización de YPF radica en el hecho de que, a partir de ella, esta firma ha dejado de desempeñar el rol de regulador implícito del mercado que venía asumiendo desde la desregulación. La situación se vio agravada por el hecho de que YPF conserva buena parte de su poder de mercado. Por ende, para evitar una pérdida sustancial de eficiencia asignativa en el mercado de los derivados del petróleo, resulta necesario retornar a un régimen de regulación explícita. Cabe destacar que, por tratarse de un recurso no renovable, en el caso del petróleo la regulación no sólo debería destinarse a proteger a los consumidores y a inyectar competencia en el mercado, sino que también a administrar las reservas e inducir una política óptima de agotamiento.

Electricidad: El mercado eléctrico argentino se integra por un sistema interconectado nacional que transporta cerca del 95% de la energía eléctrica generada en el país y abastece a 8,5 millones de usuarios a través de centrales hidroeléctricas (44%), atómicas (8%) y térmicas (48%). Si bien la historia del sector eléctrico argentino muestra la existencia de distintos sistemas de propiedad, desde los años ’60 en adelante éste se ha visto signado por la presencia casi exclusiva de empresas públicas nacionales o provinciales, fuertemente reguladas. Excepto Hidronor y la CNEA, las mayores empresas se encuentran integradas verticalmente en la actividad (generación, transmisión y distribución), ellas son: Agua y Energía, SEGBA (de Buenos Aires y alrededores), ESEBA (de Buenos Aires) y EPEC (de Córdoba). Las restantes empresas provinciales se han dedicado exclusivamente a la distribución, al igual que las cooperativas.

Las empresas se compraban y vendían entre sí energía y potencia por medio de un sistema de transacciones dirigido por el Despacho Nacional de Cargas (que dependía de la Secretaría de Energía de la Nación). El mecanismo tarifario consistía en fijar los precios para que cubrieran exclusivamente los costos de funcionamiento. Los costos de capital se financiaban con impuestos afectados específicamente a la realización de obras.

En 1991, el gobierno encaró la modificación de todo el sistema buscando establecer un nuevo marco regulatorio que contemplara la privatización y la desregulación de los mercados; y en enero de 1992 se promulgó la ley del nuevo marco regulatorio, constituyendo el primer paso para la desintegración vertical del sector eléctrico: con la nueva regulación distintas empresas se especializan en cada una de las tres etapas de la actividad. La idea subyacente es que mientras en la generación existe un mercado potencialmente competitivo, la transmisión y distribución son por naturaleza monopólicas, aunque en esta última es posible establecer una cierta competencia por comparación (pues se prevé un amplio número de empresas distribuidoras sirviendo cada una el área de concesión a su cargo). En tal caso resulta posible concebir un sistema en el cual los generadores compiten entre sí por vender su producto a los distribuidores y grandes usuarios, utilizando la red de transmisión de las empresas transportistas, cuyo servicio es retribuido mediante el pago de una tarifa de peaje. Los consumidores, a excepción de los grandes usuarios, son clientes exclusivos del distribuidor correspondiente al área geográfica en que se encuentren. En ese contexto, las relaciones comerciales entre los generadores y distribuidores de electricidad (y entre aquellos y los grandes usuarios) tenderán a regirse a través de un mecanismo desregulado, en tanto que las tarifas de peaje de los transportistas y las de venta de energía de los distribuidores a los consumidores serán objeto de una mayor regulación. Con el nuevo sistema, los consumidores finales abonan una tarifa que depende del precio en el mercado mayorista, el que a su vez surge de la celebración de contratos libremente pactados entre generadores y distribuidores (o entre generadores y grandes usuarios) o, en su defecto, de un precio definido por un ente regulador.

La privatización del sector eléctrico comenzó por la empresa nacional SEGBA S.A. A los efectos de encarar este proceso, la empresa fue dividida en dos segmentos distintos: generación y distribución, que se enajenaron separadamente. En lo que concierne a la distribución, el área servida por SEGBA fue dividida en tres zonas explotadas por empresas privadas: EDENOR, EDESUR y EDELAP.

 Gas: La explotación de gas natural ha funcionado con un esquema integrado en el que virtualmente existía un único productor y una única empresa gasífera que se encargaba del transporte y la distribución: YPF (productor) y la empresa nacional Gas del Estado, ambos monopólicos.

En 1989, al privatizarse parte de las reservas gasíferas, la producción de gas natural dejó de ser monopolizada por YPF, pero la mayor modificación fue en 1992 con la ley de un nuevo marco regulatorio pasando el sector gasífero de una estructura totalmente integrada y de propiedad estatal a otra fuertemente desintegrada y mayoritariamente en manos privadas.

En muchos sentidos la nueva norma guarda evidentes similitudes con la ley que define el marco regulatorio para el sector eléctrico. En efecto, en primer lugar, el nuevo marco regulatorio contempla tanto la desregulación de los mercados como la privatización. En segundo lugar, la idea central es que mientras en la producción existe un mercado potencialmente competitivo, el transporte y la distribución son por naturaleza monopólicos, aunque en esta última es posible establecer una especie de competencia por comparación. En tercer lugar, nuevamente se concibe un sistema en el cual los productores compiten entre si por vender un producto a los distribuidores y grandes consumidores, utilizando la red de transporte de las empresas transportistas, cuyo servicio es retribuido mediante el pago de una tarifa de peaje. Los consumidores, excepto los grandes consumidores, son clientes exclusivos del distribuidor correspondiente a su área geográfica.

En ese año fue privatizada Gas de Estado, quedando escindida en dos compañías de transporte y ocho de distribución. En el pliego licitatorio se establecía que ningún consorcio podría adjudicarse más de dos zonas de distribución, las dos transportadoras debían quedar en manos de distintos operadores y un consorcio no podía tener a la vez distribución y transporte.

La privatización de Gas del Estado reportó al fisco 300 millones de U$S en efectivo y alrededor de 3.000 millones de U$S en títulos de la deuda pública (valor nominal); adicionalmente, el Estado se benefició con la transferencia de pasivos de vencimiento inmeditato (380 millones) y de mediano y largo plazo (900 millones).
fuente: Desarrollo Económico Nº 136 – Marzo 1995 (Gernuchoff y Cánovas)

Gracias por visitar...volvé pronto!!!!

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