martes, 29 de junio de 2010

El Tercer Gobierno de Juan D. Perón (1° Parte)

El gobierno de facto había programado con los partidos políticos la salida institucional (nuevas elecciones) con el acuerdo de Perón. Los militares aceptaron que el peronismo interviniera en la contienda electoral, con la condición de que Perón no se presentara como candidato, entonces, él se autoproscribe. Se concretó la fórmula Cámpora-Solario Lima, la que logra imonerse en las elecciones. Un mes y medio es la duración de esta presidencia, cuyos integrantes renunciaron asumiendo la presidencia el titular de la Cámara de Diputados: Lastiri, convocándose a nuevos comicios en los cuales Perón acompañado de la Vicepresidenta Estela Martinez de Perón  obtiene el triunfo: la Fórmula Perón-Perón obtiene el 61,83% de los votos.

Su Gobierno se desenvolvió en medio de escisiones internas, violencias de grupos guerrilleros que llevaron a muchos asesinatos y actos de terror. A esto se sumó el fallecimiento de Perón pocos meses después de haber asumido. De la comparación de este período con el del período 1946-55 surge una coyuntura y una estructura económica marcadamente distintas:
– Desde el punto de vista externo, existencia de una pequeña cantidad de divisas y una abultada deuda externa, que impedían un manejo discrecional de este sector y dificultaban la utilización de las importaciones de insumos y bienes de capital para dinamizar la actividad interna.
– Desde el punto de vista interno, se había pasado a la “ISI Difícil”, con lo cual se requería desarrollar industrias dinámicas, de gran complejidad tecnológica y requerimientos de capital. A pesar de ello el modelo implementado se planteó nuevamente la deseabilidad de la autonomía y una vigorosa redistribución progresiva del ingreso. Contó, durante el primer año, con una importante capacidad ociosa remanente del período anterior.

La primera preocupación del Ministro de Economía Gelbard fue reducir la inflación (diferencia con los estructuralistas o MND), que había crecido mucho durante el ‘72, manteniéndose ese elevado ritmo de crecimiento durante los meses anteriores al cambio de Gobierno de Perón (marzo a septiembre-73). Para ello:
1) Se implantó un PACTO SOCIAL, o también llamado ACTA DE COMPROMISO SOCIAL (de corto plazo) [CGE - CGT - ESTADO]. Este se basó en una congelación de precios. En un primer momento, tuvo éxito (es que las empresas venían protegiéndose de la inflación por medio de altos márgenes de utilidad): la inflación oscila en un 20% anual. A este período se lo llama de “inflación cero”. Era más bien de “inflación reprimida”.
También comprendió una congelación de salarios, previo incremento de los mismos en un 20%, así como la suspensión por dos años de las convenciones colectivas o paritarias.

2) En cuanto al Sector Externo, 1973 se caracterizó por TI favorables a nuestro comercio exterior y por una buena cosecha. La Balanza Comercial fue muy positiva. Las reservas de oro y divisas se triplicaron.

3) En 1973 se vuelve a la nacionalización de los depósitos con algunas variantes: reconocimiento de comisiones para estimular la captación de depósitos.

4) Exceso en el gasto público por la designación de un gran número de empleados produjo un aumento del Déficit fiscal, y la inflación volvió a cobrar fuerza. Descontrol de la emisión monetaria. La situación se fue complicando al no atacarse las causas que producían la inflación.
Prevaleció una política del GP sumamente dispendiosa (no sólo por el gobierno, sino también por Empresas Estatales), la causa principal de estos excesos del GP previno de la designación de gran número de empleados en todo el Sector Público sin tareas que cumplir (Desempleo disfrazado). Entonces en 1974, se aceleró el incremento de los precios con el consiguiente ajuste salarial. El gobierno optó por liberar algunos controles esperando con ello estimular las inversiones privadas.

En cuanto a la política salarial, los incrementos estuvieron dirigidos a beneficiar a los trabajadores no calificados, viéndose perjudicados los trabajadores más capacitados. El descontrol de la emisión monetaria es a consecuencia del funcionamiento del Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega, que funcionaba como un ministerio paralelo al Ministerio de Economía. Existían recursos que no se incorporaban al presupuesto nacional, que eran manejados discrecionalmente desde Bienestar Social. Además, la fuerza política que tenía el ministro le posibilitaba obtener redescuentos en el Banco Central para sus propios propósitos. Así, el déficit fiscal aumentó, y también la inflación, a partir del final de 1973.

Se ignoró la Inflación Mundial. La insistencia por mantener el TC provocó una sobrevaluación del peso y esto constituyo un verdadero subsidio a las M. Esta situación alentó prácticas de acumulación de productos importados (ej.: hierro y acero) con fines "especulativos" a la espera de una gran devaluación. Resultados: El resultado de esta política fue la pérdida de un gran cúmulo de reservas, que se hubiera podido evitar con un manejo distinto de la política cambiaria y de precios, permitiendo que los precios internos reflejen el alza de los precios internacionales. No obstante, la economía crece en los años 73-74 por encima del 6% anual, debido a que mayor consumo originado por la elevada emisión, fue atendido por la importante capacidad productiva ociosa existente al principio del período, y que pronto habría de ocuparse, ante una inversión productiva que estaba detenida.

En ese estado de cosas se produce el fallecimiento de Perón, lo cual complicará aún más el panorama, en razón de la confusa situación económica y política que hereda la nueva presidencia (conflictos dentro del mismo Gobierno).

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miércoles, 23 de junio de 2010

Canje de Deuda.

Después de ciertos apurones y de una prórroga que no estaba prevista pero tampoco llamó demasiado la atención, el nuevo canje de deuda que lanzó el Gobierno cerró con una aceptación del 66%. El número supera el supuesto piso del 60% que había declarado el ministro de Economía, Amado Boudou, pero quedó muy lejos del 75% al 80% en el que se había pronunciado su entorno, con cierto optimismo unos meses atrás.

Ayer, allegados a Economía dejaron trascender que la aceptación había sido del 68%, algo superior a lo que en realidad fue.

Según expresó el ministro, los bonistas que aceptaron la nueva oferta de la Argentina representan, en valor nominal, 12.067 millones de dólares de los algo menos de 20.000 millones que seguían en default. El funcionario subrayó que, sumados los canjes de 2005 y el actual, ya se normalizó la situación del 92,4% de los títulos que habían entrado en cesación de pagos.

El ministro le echó la culpa a los problemas del canje a los "fondos buitres", que tienen US$ 4.500 millones. Sin embargo, cuando fue el cierre del tramo mayorista, el funcionario había expresado que los buitres tenían U$S 3.000 millones. Hay US$ 1.500 millones de diferencia entre los que los buitres poseían hace un mes (el cierre del tramo mayorista fue el 19 de mayo) y lo que tendrían ahora.

Con el primer tramo del canje de deuda, el Gobierno emitió un título (Global 2017), cuyo rendimiento debería ser menor al 10% para demostrar que el panorama financiero del país para el endeudamiento es mejor. Sin embargo, ese título estaba dejando una tasa de retorno del 12,4%. Eso quiere decir que se lo considera más riesgoso. En esos papeles de deuda, más riesgo suele significar mayores ganancias para quien los posee.
fuente: ieco

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jueves, 17 de junio de 2010

Las Privatizaciones argentinas de los 90 (última parte)

PRINCIPALES CASOS DE PRIVATIZACIÓN EN ARGENTINA
Telecomunicaciones: La privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) es un claro ejemplo de cómo las autoridades asignaron prioridad a los objetivos macroeconómicos de las privatizaciones en la primera parte de su mandato. ENTEL hasta de noviembre de 1990 fue prestadora monopólica de servicios telefónicos y afines que cubría el 92% del mercado argentino de telecomunicaciones. En esta operación el gobierno sacrificó eficiencia asignativa (permitiendo bruscos aumentos tarifarios y reduciendo artificialmente el grado de competencia en el mercado) para obtener un mayor financiamiento a través de un aumento en el precio de venta de la empresa.

La privatización de ENTEL fue realizada en un tiempo extremadamente breve. Se decidió dividir a la compañía en dos, cada una de las cuales prestaría el servicio en una determinada área geográfica (zonas norte y sur) para estimular una suerte de “competencia por comparación” entre monopolios naturales. Su privatización fue integral (sin que el Estado retuviera parte de las acciones) y se realizó en dos etapas: primero se licitaría el 60% del paquete accionario de cada una de las nuevas firmas y luego se colocaría el 30% de las acciones entre el público (reservándose un 10% de las acciones para los trabajadores).

Dentro de cada grupo oferente debía participar una compañía telefónica con experiencia internacional en carácter de operadora del servicio. Se fijó un precio base de 1.672 millones de U$S por toda la empresa, a abonarse una parte al contado (214 millones de U$S), otra financiada (380 millones de U$S) y el resto en títulos de deuda externa argentina, y se decidió que el gobierno asumiera la casi totalidad de los pasivos de la firma.

Solamente tres ofertas fueron recibidas en la fase de cotizaciones de precios: Telefónica Española, que ofertó el mayor precio por ambas zonas, por lo que optó por hacerse cargo de la zona sur. Para la zona norte fue elegido el grupo liderado por Bell Atlantic, pero a raíz de sus incumplimientos tuvo que abandonar la licitación. Con lo que el adjudicatario final fue el grupo liderado por STET/France Telecom. Los precios finalmente conseguidos por la venta del 60% de la empresa fueron los establecidos en el pliego para la parte en efectivo (contado y financiado) recibiéndose adicionalmente títulos por un valor nominal de 5.028 millones de U$S equivalentes a 769 millones de U$S a valores de mercado; con ello, el monto total obtenido por la venta de este paquete ascendió a 1.211 millones de U$S. Finalmente , en diciembre de 1991 y marzo de 1992 el Estado vendió (utilizando el mercado de valores argentino como una serie de mercados internacionales) el paquete minoritario de las nuevas empresas que había quedado en sus manos consiguiendo, desde el punto de vista financiero, un éxito rotundo ya que se obtuvieron 837 millones de U$S por Telefónica y 1.227 por Telecom.

 Aeronavegación: Tal como ocurrió con ENTEL, con la privatización de Aerolíneas Argentinas el gobierno volvió a dar más importancia a sus objetivos macroeconómicos que a los microeconómicos: y nuevamente se permitió un fuerte incremento tarifario (especialmente en los vuelos de cabotaje) para conseguir un precio más alto por el fondo del comercio enajenado. La privatización se inició en 1989. El gobierno decidió hacerlo mediante una licitación pública internacional, donde se transferiría la mayoría del capital social: se enajenaría el 85% del capital accionario, el 10% quedaría en manos de los trabajadores de la firma y el 5% restante lo conservaría el Estado. El precio base fue de 623 millones de U$S, pagaderos parte en efectivo y parte en títulos de la deuda externa. Sólo se recibió una oferta concreta: la del grupo integrado por la aerolínea española Iberia y una serie de compañías argentinas encabezadas por Cielos del Sur SA, propietaria de Austral. Dicha oferta consistía en dos pagos de 130 millones de U$S (uno al contado, otro financiado a diez años) y la entrega de títulos de la deuda externa argentina por 1.610 millones de U$S (aproximadamente 322 millones de U$S a valor de mercado). Asimismo, el grupo oferente se comprometió a incorporar quince nuevos aviones en el período 1991/94.

Servicios viales: Al finalizar los ‘80, el sistema vial argentino estaba al borde del colapso: anualmente se deterioraba un 10% de los caminos, mientras que la capacidad de mantenimiento del Estado sólo alcanzaba para repavimentar un 3,5% de la extensión de la red. Así, en 1990 sólo un 30% de los caminos pavimentados se hallaba en buen estado, y no había elementos para suponer que esa situación pudiera mejorar en el corto o mediano plazo.
Para solucionar estos problemas y rehabilitar la red caminera del país el gobierno encaró una reforma con tres ingredientes: 1) se aplicarían peajes en las rutas de alto tráfico (así cada usuario se hace cargo de los costos que ocasiona); 2) el uso de los fondos públicos se limitaría a rutas de bajo tránsito; y 3) en ambos casos se abandonaría el método de contrato por obra pública para la construcción de caminos, se lo reemplazaría por el de “lave en mano”: el contratista privado tiene a su cargo la construcción, mantenimiento, operación y transferencia de las carreteras, es decir que ya no le venderían caminos al Estado para que éste los administre, sino que se harían cargo (los operadores privados) de prestar el servicio por su cuenta y riesgo a cambio de una tarifa de peaje o de fondos públicos preestablecidos por contrato. De uno u otro modo, las empresas privadas estaban sometidas a una regulación de calidad y de cumplimiento de los parámetros contractuales por parte del sector público.

Al igual que los anteriores casos, el gobierno justicialista buscó obtener el mayor beneficio fiscal posible. Primero, se concesionaron casi 10.000 km de rutas nacionales. La idea del gobierno era entregar los corredores viales a través de licitaciones en las que los oferentes deberían cotizar el mayor canon posible a favor del Estado.Según el pliego licitatorio, antes de cobrar peajes, los operadores debían corregir las deficiencias más graves de las rutas y restituir la señalización vertical, así como también cumplir metas estrictas respecto a la calidad de los servicios. En un segundo momento, los concesionarios debían realizar una serie de obras prioritarias (puentes, distribuidores de tránsito, etc.) y complementarias (servicios sanitarios, comunicaciones, etc.). En 1990 el gobierno adjudicó 9.800 km de red caminera nacional pavimentada, por lo que percibiría un canon de 890 millones de U$S. Pero el desprestigio social del sistema de peajes (por las tarifas excesivamente altas y también el mecanismo indexatorio que, medidas en U$S, las elevaba en un 53% afectando los costos de los productores; además, muchos de los concesionarios empezaron a cobrar peaje antes de lo que correspondía y ubicaron las casillas de cobro a muy poca distancia entre sí) hizo que los contratos sólo se mantuvieran por cinco meses. El desenlace final consistió en una renegociación de la concesión por la cual se disminuyó el peaje, se eliminó el canon a favor del Estado, se redujeron los impuestos y se otorgaron subvenciones a los concesionarios.

 Petróleo: Hacia fines de los ’80 la actividad petrolera en la Argentina se caracterizó por el liderazgo de la empresa estatal YPF y por la fuerte intervención del Estado. El predominio del Estado se justificaba por la necesidad de asegurar el autoabastecimiento del recurso, la apropiación social de la renta generada por éste y la necesidad de definir una política óptima de agotamiento. Al instalarse en 1989 el nuevo gobierno, se ingresó en un audaz proceso de privatización y desregulación petrolera, cuyos objetivos fueron básicamente crear mercados competitivos en las distintas etapas de la actividad, abrir las transacciones al comercio internacional, capturar en el presente las futuras rentas petroleras y mejorar el nivel de eficiencia productiva de YPF. Los instrumentos aplicados fueron: la privatización de las reservas petroleras (, las desregulación de precios, la eliminación de las trabas al comercio exterior, la reducción de las alícuotas impositivas a los combustibles y la privatización de YPF.

La venta de reservas petroleras comprobadas (explotadas hasta ese momento por YPF) es otro claro ejemplo de la prioridad asignada por las nuevas autoridades a los objetivos macroeconómicos de corto plazo. En este caso, si bien el efecto fiscal a corto plazo es claramente positivo, el efecto neto a largo plazo parece tener el signo contrario, dado que se sacrifican las utilidades que tales reservas habrían reportado a YPF, que aún permanecía en manos del Estado (ahora pertenece a Repsol).

La venta de reservas petroleras se realizó a cambio de divisas en efectivo (sin canje por deuda). En junio de 1993 se realizó la privatización de YPF, mediante la colocación de sus acciones en el mercado nacional e internacional; de esta forma se enajenó un 45% del capital accionario, recaudándose 3.040 millones de U$S. La característica de la privatización de YPF es que fue impulsada por objetivos político-electorales: una porción sustancial de los fondos recaudados se destinó a pagar parte de la deuda que el Estado tiene con la clase pasiva, además los jubilados tuvieron la opción de cobrar parte de sus créditos en acciones de la empresa pagando por esas acciones un precio muy inferior al que regía en el mercado; esta facilidad fue otorgada en el bimestre anterior a las elecciones nacionales de 1993.

Con todo, el punto más conflictivo de la privatización de YPF radica en el hecho de que, a partir de ella, esta firma ha dejado de desempeñar el rol de regulador implícito del mercado que venía asumiendo desde la desregulación. La situación se vio agravada por el hecho de que YPF conserva buena parte de su poder de mercado. Por ende, para evitar una pérdida sustancial de eficiencia asignativa en el mercado de los derivados del petróleo, resulta necesario retornar a un régimen de regulación explícita. Cabe destacar que, por tratarse de un recurso no renovable, en el caso del petróleo la regulación no sólo debería destinarse a proteger a los consumidores y a inyectar competencia en el mercado, sino que también a administrar las reservas e inducir una política óptima de agotamiento.

Electricidad: El mercado eléctrico argentino se integra por un sistema interconectado nacional que transporta cerca del 95% de la energía eléctrica generada en el país y abastece a 8,5 millones de usuarios a través de centrales hidroeléctricas (44%), atómicas (8%) y térmicas (48%). Si bien la historia del sector eléctrico argentino muestra la existencia de distintos sistemas de propiedad, desde los años ’60 en adelante éste se ha visto signado por la presencia casi exclusiva de empresas públicas nacionales o provinciales, fuertemente reguladas. Excepto Hidronor y la CNEA, las mayores empresas se encuentran integradas verticalmente en la actividad (generación, transmisión y distribución), ellas son: Agua y Energía, SEGBA (de Buenos Aires y alrededores), ESEBA (de Buenos Aires) y EPEC (de Córdoba). Las restantes empresas provinciales se han dedicado exclusivamente a la distribución, al igual que las cooperativas.

Las empresas se compraban y vendían entre sí energía y potencia por medio de un sistema de transacciones dirigido por el Despacho Nacional de Cargas (que dependía de la Secretaría de Energía de la Nación). El mecanismo tarifario consistía en fijar los precios para que cubrieran exclusivamente los costos de funcionamiento. Los costos de capital se financiaban con impuestos afectados específicamente a la realización de obras.

En 1991, el gobierno encaró la modificación de todo el sistema buscando establecer un nuevo marco regulatorio que contemplara la privatización y la desregulación de los mercados; y en enero de 1992 se promulgó la ley del nuevo marco regulatorio, constituyendo el primer paso para la desintegración vertical del sector eléctrico: con la nueva regulación distintas empresas se especializan en cada una de las tres etapas de la actividad. La idea subyacente es que mientras en la generación existe un mercado potencialmente competitivo, la transmisión y distribución son por naturaleza monopólicas, aunque en esta última es posible establecer una cierta competencia por comparación (pues se prevé un amplio número de empresas distribuidoras sirviendo cada una el área de concesión a su cargo). En tal caso resulta posible concebir un sistema en el cual los generadores compiten entre sí por vender su producto a los distribuidores y grandes usuarios, utilizando la red de transmisión de las empresas transportistas, cuyo servicio es retribuido mediante el pago de una tarifa de peaje. Los consumidores, a excepción de los grandes usuarios, son clientes exclusivos del distribuidor correspondiente al área geográfica en que se encuentren. En ese contexto, las relaciones comerciales entre los generadores y distribuidores de electricidad (y entre aquellos y los grandes usuarios) tenderán a regirse a través de un mecanismo desregulado, en tanto que las tarifas de peaje de los transportistas y las de venta de energía de los distribuidores a los consumidores serán objeto de una mayor regulación. Con el nuevo sistema, los consumidores finales abonan una tarifa que depende del precio en el mercado mayorista, el que a su vez surge de la celebración de contratos libremente pactados entre generadores y distribuidores (o entre generadores y grandes usuarios) o, en su defecto, de un precio definido por un ente regulador.

La privatización del sector eléctrico comenzó por la empresa nacional SEGBA S.A. A los efectos de encarar este proceso, la empresa fue dividida en dos segmentos distintos: generación y distribución, que se enajenaron separadamente. En lo que concierne a la distribución, el área servida por SEGBA fue dividida en tres zonas explotadas por empresas privadas: EDENOR, EDESUR y EDELAP.

 Gas: La explotación de gas natural ha funcionado con un esquema integrado en el que virtualmente existía un único productor y una única empresa gasífera que se encargaba del transporte y la distribución: YPF (productor) y la empresa nacional Gas del Estado, ambos monopólicos.

En 1989, al privatizarse parte de las reservas gasíferas, la producción de gas natural dejó de ser monopolizada por YPF, pero la mayor modificación fue en 1992 con la ley de un nuevo marco regulatorio pasando el sector gasífero de una estructura totalmente integrada y de propiedad estatal a otra fuertemente desintegrada y mayoritariamente en manos privadas.

En muchos sentidos la nueva norma guarda evidentes similitudes con la ley que define el marco regulatorio para el sector eléctrico. En efecto, en primer lugar, el nuevo marco regulatorio contempla tanto la desregulación de los mercados como la privatización. En segundo lugar, la idea central es que mientras en la producción existe un mercado potencialmente competitivo, el transporte y la distribución son por naturaleza monopólicos, aunque en esta última es posible establecer una especie de competencia por comparación. En tercer lugar, nuevamente se concibe un sistema en el cual los productores compiten entre si por vender un producto a los distribuidores y grandes consumidores, utilizando la red de transporte de las empresas transportistas, cuyo servicio es retribuido mediante el pago de una tarifa de peaje. Los consumidores, excepto los grandes consumidores, son clientes exclusivos del distribuidor correspondiente a su área geográfica.

En ese año fue privatizada Gas de Estado, quedando escindida en dos compañías de transporte y ocho de distribución. En el pliego licitatorio se establecía que ningún consorcio podría adjudicarse más de dos zonas de distribución, las dos transportadoras debían quedar en manos de distintos operadores y un consorcio no podía tener a la vez distribución y transporte.

La privatización de Gas del Estado reportó al fisco 300 millones de U$S en efectivo y alrededor de 3.000 millones de U$S en títulos de la deuda pública (valor nominal); adicionalmente, el Estado se benefició con la transferencia de pasivos de vencimiento inmeditato (380 millones) y de mediano y largo plazo (900 millones).
fuente: Desarrollo Económico Nº 136 – Marzo 1995 (Gernuchoff y Cánovas)

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domingo, 13 de junio de 2010

El 60% de los trabajadores "en blanco" gana menos de $2000.

Mientras se sigue debatiendo si los reclamos salariales superiores al 30% son "legítimos o desmesurados", la radiografía de los sueldos marca que casi el 60% de los 6,6 millones de trabajadores en blanco gana, luego de los descuentos de jubilación y salud, menos de 2.000 pesos mensuales.

Los datos -que corresponden a lo que declararon las empresas ante la Seguridad Social, antes del inicio de las paritarias 2010- marcan que otro 30% de los asalariados gana entre 2.000 y $ 4.500. Y que apenas el 13% de los asalariados cobra más de $ 4.500.

Los sueldos del grueso de los trabajadores en blanco dependen de lo que se acuerden en los convenios. Solo un reducido sector está "fuera de convenio". A este panorama hay que sumarle además otros 3,5 millones de trabajadores no registrados, que reciben sueldos más bajos. Se estima que la mitad de estos empleados "en negro" gana menos de $ 1.500 por mes.

Esta pirámide salarial -marcadamente achatada- fue lo que llevó este año a muchos sindicatos a un cambio de estrategia en la negociación de los convenios. Así, en lugar de reclamar un porcentaje de aumento salarial, muchos plantearon una elevación del sueldo mínimo de convenio para llevarlo a los $ 3.000 de sueldo bruto (unos $ 2.750 de ingreso neto, de bolsillo). Fue el caso de los gremios de la alimentación, gastronómicos, panaderos, molineros, comercio o azucareros con básicos de convenio que eran inferiores a los $ 2.200.

En la mayoría de los casos, los pedidos fueron acompañados en cálculos hechos por Universidades que estimaron en $ 3.800 el costo mensual de una canasta familiar.

A eso se agregó el empujón que tuvieron los precios de los alimentos entre fines de 2009 y comienzos de 2010, de casi el 20%, antes del comienzo de las paritarias. También contribuyó la falta de credibilidad en las estadísticas oficiales. Esto llevó a que cada gremio estimara una inflación muy superior a la oficial sin que los empresarios pudieran negar o desmentir esos cálculos.

Así las cosas, los aumentos logrados en varios convenios de entre el 30 y 35% en varios tramos a lo largo de los próximos 12 meses, llevaría hacia abril-junio de 2011 a que el 60% de los asalariados esté ganando menos de $ 2.700, cuando seguramente por el actual ritmo inflacionario la canasta familiar superará $ 4.500 mensuales.

Al reclamar y obtener un básico superior, la suba salarial se trasladó al resto de las categorías que deben guardar una diferencia proporcional entre sí. Y al conseguir Alimentación el aumento escalonado del 35,2%, disparó reclamos similares en el resto, inclusive en aquellos que ya habían acordado tan solo unos meses antes. Es el caso de Luz y Fuerza o el pedido de Camioneros de un 31% cuando tan solo días atrás sus dirigentes habían asegurado que reclamarían muchos menos que lo conseguido por Alimentación.

Inclusive entre el personal jerárquico fuera de convenios se abrió una fuerte discusión porque, en general, están recibiendo subas inferiores a las alcanzados por los convenios de sus sectores. Y piden que la suba esté alineada con la que consiguen los gremios.
fuente: ieco

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lunes, 7 de junio de 2010

La Recaudación sube "gracias" a la Inflación.

La inflación es una gran aliada del Gobierno y lo está ayudando a ajustar las cuentas públicas. Esto quedó reflejado en lo que pasó en los primeros cinco meses de este año: algo más de la mitad del incremento de la recaudación impositiva se explica por el incremento de los precios.

Y sólo 19% del aumento se explica por una mejora en la actividad económica. Además, como el gasto en sueldos, jubilaciones y otros rubros aumenta menos que la inflación real y con retraso, el Gobierno se queda con una buena diferencia.

En abril pasado, y a diferencia de lo que venía pasando desde 2008, el gasto público creció menos que los ingresos porque se recortaron los gastos de capital. Y en mayo habría pasado lo mismo, ya que la recaudación impositiva creció un 44,2% y se estima que los gastos aumentaron el 30%.

En este cambio de tendencia influyen varios factores, entre ellos -como destaca la AFIP- la mejora de la actividad económica interna y el repunte del comercio exterior.

Pero en la explicación oficial se omite un factor clave: el incremento de los precios y de los salarios, que le permite al Fisco recaudar nominalmente más impuestos como IVA, Internos, Ganancias o Seguridad Social, al margen de lo que pase con el nivel de actividad.

La consultora Economía & Regiones calculó el impacto del llamado "impuesto inflacionario", que permite al Fisco obtener más ingresos por la vía del aumento de precios. Se precisó que "con una inflación en torno al 27% y una expansión de la base monetaria mayor al 31%, se estima que los ingresos recaudados por este medio ascenderían -en promedio- a $30.183 millones en el 2010, lo que equivale a aproximadamente el 2% del PBI (nominal); es decir, la recaudación por medio de este tributo se incrementaría casi un 89% respecto que el año pasado (+$14.216 millones)".

El informe de E&R concluye que "si bien la inflación es un problema para la economía argentina, también es paradójicamente una solución (insostenible en el tiempo) para subsanar la falta de ingresos públicos y pasa a formar parte de los menguados instrumentos de política económica de la actual administración".

Además, en mayo se registró un fuerte incremento de la recaudación por Ganancias. Esto se explica por la falta de ajuste por inflación y a la no actualización del Mínimo No Imponible, que viene reclamando la mayoría de los gremios.

A esto se agregó que el año pasado la AFIP permitió que muchas empresas pudieran optar por disminuir el monto de anticipos pagados, en línea con una reducción en la proyección de ganancias por la crisis internacional. Por eso, ahora las empresas ingresaron saldos mayores. "Esto genera una inercia considerable para la recaudación de los meses que vienen y en particular de junio, cuando se produce el pago del primer anticipo del 35%", precisó ACM.

La consultora Ecolatina también confirmó la persistencia de la inflación y estimó que "2010 finalizará con la mayor tasa de inflación desde la devaluación".

Pero la inflación no ayuda al Fisco sólo por el lado de los ingresos, sino también contribuye a desacelerar el gasto: dos componentes claves como los sueldos públicos y las jubilaciones están retrasados. Las jubilaciones subieron 8,21% en marzo hasta septiembre, pero la inflación real en lo que va del año ya superó esa cifra. Y los sueldos estatales tendrán en junio un alza del 10%, también por debajo de la suba de los precios de los primeros cinco meses de 2010.
fuente: ieco

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jueves, 3 de junio de 2010

Las Privatizaciones argentinas de los 90 (2° Parte)

 Efectos Macroeconómicos de las privatizaciones Argentinas.
1) Privatizaciones y tipo de cambio real.
Las privatizaciones argentinas se llevaron a cabo en un contexto de cambios externos e internos. Por un lado, después de una década de fuerte racionamiento, el movimiento neto de capitales comenzó a tornarse favorable para América Latina desde mediados de los ‘90; por otro lado, el éxito del programa de estabilización puesto en marcha en el ‘91 determinó que la Argentina absorbiera porcentajes crecientes del ingreso de capitales a la región. Así, la combinación de factores exógenos y de la consolidación de un clima de confianza interno impulsó la apreciación de la moneda en términos reales.

En tal contexto, las privatizaciones sirvieron para potenciar el fenómeno. Cuando la transferencia de los activos públicos sirvió al propósito de cancelar deuda externa, el efecto favorable sobre la solvencia del Estado estimuló el ingreso de capitales; cuando la transferencia se hizo contra pagos en efectivo para financiar desequilibrios fiscales transitorios, ello derivó en expansión monetaria y crediticia y consecuentemente apreciación real. Cuando en 1992 el gobierno había alcanzado el equilibrio presupuestario, fue cuando comenzaron a incrementarse las inversiones extranjeras directas vinculadas al compromiso de modernización de la infraestructura asociado a las privatizaciones. A ello se sumó en 1992 y 1993, otro factor que aceleró la apreciación cambiaria: las privatizaciones orientadas a cancelar la deuda pública interna. En este sentido, el caso, más notable fue el de la venta de la empresa petrolera estatal YPF, operación que proveyó recursos destinados a recomprar títulos de la deuda interna que se hallaban en manos de jubilados.

2) Efecto fiscal.
Desde un punto de vista fiscal, los rasgos principales de las privatizaciones argentinas son los siguientes:
a) El gobierno se desprende de empresas que no están generando utilidades netas, pero las valoriza a través de un cambio en la regulación y en los precios relativos que motiva la aparición de cuasi rentas.
b) A cambio de los activos reales y del derecho de operar en un mercado protegido, el sector público obtiene: 1-divisas en efectivo, 2-títulos de la deuda pública (con el consiguiente ahorro en el servicio de la misma), 3- una corriente de ingresos tributarios (futura recaudación impuesto las ganancias) asociada al hecho de que bajo la administración privada la empresa generará utilidades.
c) El Estado obtiene un beneficio fiscal adicional, porque cede un plan de inversiones que no habría podido encarar pero del cual era (tratándose de servicios públicos) socialmente responsable.
El efecto fiscal es positivo a corto y largo plazo: a largo plazo porque si bien no se dispone de pagos en efectivo, al no existir sacrificio de utilidades (excepto en el caso de YPF), sólo se renuncia a la recaudación impositiva bajo operación estatal para obtener un ahorro de servicios de la deuda, un ahorro de inversiones que el Estado se evita financiar y la recaudación impositiva generada bajo la operación privada.
A pesar del efecto fiscal positivo, en general en las operaciones concretadas en el período 1989-90 el Estado no pudo obtener un precio justo (entendiendo por tal el valor actual de los beneficios futuros descontados a una tasa que refleje el riesgo país) por los activos vendidos, debido a la falta de marcos regulatorios claros (que permitieran a los interesados en la compra de los activos estatales saber de antemano cuales iban a ser sus derechos y obligaciones) y el hecho de no conseguir organizar licitaciones verdaderamente competitivas.

3) Efectos sobre la Inversión:
El efecto directo mide el cambio de la formación de capital en los propios sectores privatizados y tiene signo positivo, ya que los operadores están obligados a realizar operaciones de envergadura (para rehabilitar el stock de capital en los servicios públicos), que el Estado no hubiera podido afrontar (esas inversiones) debido a su restricción de endeudamiento. El efecto indirecto, mide el impacto sobre la inversión en otros sectores de la economía, y ese efecto puede ser: - negativo: relacionado con la forma en que se financian las inversiones destinadas a rehabilitar y expandir capital en los sectores privatizados. En la mayoría de los casos tales inversiones son financiadas predominantemente con las utilidades retenidas emergentes de las nuevas regulaciones y de ajustes tarifarios. El aumento de las tarifas de los servicios públicos y la caída del tipo de cambio real pueden reducir la inversión en otros sectores. Y - positivo: 1º: la compra de bienes de capital e insumos domésticos realizada por las empresas privatizadas puede incentivar la inversión en los sectores que proveen tales bienes e insumos. 2º: dado que las privatizaciones tienen un efecto fiscal positivo, el consiguiente aumento en el ahorro público puede dar lugar a un incremento futuro en la inversión pública. 3º: el efecto confianza: dado que la política de privatizaciones es uno de los factores que explican el mejor clima imperante en la economía argentina desde 1991, cabe esperar que tal clima tenga algún impacto sobre la inversión (caída de la prima de riesgo-país).

4) Efecto sobre el sector externo
El efecto sobre el balance de pagos depende de cuatro factores: 1) el ingreso de capitales por parte de las operaciones abonada en dólares, 2) el ahorro en servicios de la deuda externa (ya que en varios casos parte del precio de venta se pagó con títulos de dicha deuda), 3) las utilidades netas remitibles al exterior por los nuevos consorcios en los años futuros y 4) el impacto de la revaluación del peso (asociada a la política de privatizaciones) sobre la balanza comercial.
El impacto es el siguiente: al principio hay un ingreso de capitales (por parte de la transferencia que se paga en efectivo) y una suspensión de los pagos al exterior por todo el tiempo durante el cual los nuevos consorcios privados financian los planes de inversión con utilidades retenidas. Pero más adelante si no ha habido otros cambios en la economía que consoliden la confianza inicial, si bien se presenta un ahorro en el servicio de la deuda, las utilidades netas comienzan a remitirse al mismo tiempo que se resienten las exportaciones netas del país como consecuencia de los cambios en los precios relativos. En esos casos el financiamiento transitorio se agota y la posición externa se deteriora, demandando eventualmente un ajuste del tipo de cambio real.
fuente: Desarrollo económico n°136-Marzo 1995 (Gerchunoff y Canovas)

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