sábado, 29 de mayo de 2010

Consumo sin inversión.

La economía se recupera de los coletazos de la crisis financiera a punta de una fuerte reactivación del consumo pero, ¿es sostenible el modelo si la inversión privada permanece anestesiada? Es decir, en el crecimiento pesa más la venta financiada de electrodomésticos, autos y casas que las inversiones productivas destinadas a ampliar la oferta de bienes.

El nuevo boom de consumo privado tiene grandes puntos de contacto con 2007: proceso inflacionario en vigencia, fiebre de cuotas destinadas a comprar bienes (semi) durables, atraso cambiario e incertidumbre de largo plazo en los consumidores.

Quizás el mejor ejemplo de los incentivos a consumir sea la fiesta de 50 cuotas sin interés para comprar un LCD. El Banco Central mantiene planchado al dólar y la inflación lleva un ritmo de 25% anual, entonces resulta más conveniente comprar un televisor nuevo que adquirir dólares (ahorrar) para no perder su poder de compra. La razón es que los precios crecen más rápido que el valor de la moneda extranjera: al cabo de un año con los ahorros se puede comprar menos que ahora.

Es decir, los compradores prefieren larzarse a las cuotas fijas porque saben que así perderán menos poder adquisitivo. Sienten que la inflación se come al financiamiento, porque tienen incertidumbre sobre lo que pasará más adelante. Este panorama lo confirma el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella de mayo -frente al mismo mes de 2009- a nivel nacional muestra:

* La predisposición a comprar electrodomésticos, automóviles y casas creció 75,18%.
* Mientras que las expectativas sobre la economía a 3 años empeoraron 3,08% (y puntualmente en el interior del país -11%).

Ahora los protagonistas son los bancos que emiten tarjetas con promociones y descuentos, mientras que hace tres años había una mayor incidencia de créditos personales de cadenas de electrodomésticos. En tanto, el gasto público está centrado en infraestructura, el déficit de Aerolíneas y construcción, todo esto incentiva la cadena de consumo.

En los tres primeros meses del año el PBI creció en torno a 5% frente al mismo período del año pasado: el consumo privado explicó la mayoría expandiéndose más de 8%, pero la inversión privada destinada a ampliar la oferta de bienes está peor que hace un año o en cero, en el mejor de los casos. Entre enero y marzo, la oferta global se expandió 5% con mucho hincapié en productos de consumo final, pero en tanto a bienes de capital (los utilizados para producir otros productos de consumo) está estancada.

El freno en la inversión privada es reconocido por el INDEC a través de dos termómetros: la importación y producción local de bienes de capital.

El anticipo del Estimador Mensual Industrial (EMI) de abril señala que el rubro metalmecánica excluída la industrial automotriz (productora de maquinaria, herramientas, moldes…) cayó 5,3% en el acumulado de los cuatro primeros meses del año frente al mismo período de 2009. Así en lo que va del año, la fabricación local de bienes de capital para industrias es inferior al año pasado, cuando impactaba de lleno la crisis financiera internacional. También vale aclarar que este es el sector industrial que hace menor uso de su capacidad instalada, sólo 69%.

Por otra parte, la importación de bienes capital exceptuando equipos de transporte industrial -como aviones, barcos y vehículos de pasajeros y carga- creció sólo 8% interanual en el primer cuatrimestre. En contrapartida, la compra de bienes de consumo durables y semi-durables a otros países subió 12% y 10% respectivamente. Según el INDEC, se destacaron televisores y motos.

Asimismo a nivel total, las importaciones están creciendo más rápido que las exportaciones y el superávit comercial se achica reduciendo la oferta de dólares: en estos cuatro meses la balanza comercial (diferencia entre ventas y compras al exterior) arrojó un superávit comercial de U$S 4.101 millones, mostrando una reducción del 30% frente al mismo período del año pasado.

Siendo más claros: la demanda de consumo crece muy por encima de la capacidad por ampliar la oferta y esto hace que el nuevo “boom de consumo”, el actual motor de la recuperación economómica, se apague en algún momento o por lo menos no sea sostenible en el largo plazo.

Pero pueden pasar más cosas en el medio, según cómo se mire. El horizonte político pretende llegar hasta las próximas elecciones con fiebre de consumo: la idea será decir que el modelo no se ha enfriado, para que otro piense si es sostenible. La economía se está comiendo su capacidad ociosa, pero no hay a la vista inversiones estructurales privadas a largo plazo.

La inflación presiona en el tipo de cambio y la competitividad. De hecho, los datos del INDEC demuestran que hay poco interés privado en desarrollar inversiones productivas con horizonte a más de cinco a diez años. Más allá de la incertidumbre, hay otras dos realidades duras: una financiera y otra de observación.

Por un lado, el Estado y empresas aún no pueden acceder a financiamiento internacional a tasas de interés de un dígito, que sean adecuadas para grandes proyectos. Por otro, el Gobierno niega de modo maniqueo que exista un proceso inflacionario y prefiere hablar -en el caso del ministro de Economía, Amado Boudou- de “reacomodamiento de algunos precios”. Al mismo tiempo, los gremios más afines al oficialismo cierran aumentos de salarios de hasta 30% justificándolos en el incremento del costo del vida.

En definitiva, tanto en clima de negocios como en la política, la idea de corto y largo plazo que maneja la economía kirchnerista es la misma diferencia que hay entre analizar la realidad a través de una foto o de una película. La foto imprime una realidad estática, de que nada podrá cambiar. En cambio, la película siempre obliga a pensar el final y, a veces, segundas partes para continuar una buena historia.
fuente: fortunaweb

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martes, 25 de mayo de 2010

Las Privatizaciones argentinas de los 90 (1° Parte)

Las privatizaciones argentinas de los 90 constituyen la imagen invertida en un espejo de las nacionalizaciones de los 40. Se veía en las nacionalizaciones un instrumento para la solución de la mayoría de los problemas económicos y de política pública: desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, insuficiencia de inversiones, corrupción. Con las privatizaciones esa utopía se repite, con argumentos similares: desprenderse de las empresas públicas (EP) significará acabar con la inflación, con la crisis de sector externo, con la ineficiencia y con la baja productividad.

Poco a poco las empresas estatales se fueron alejando del ideal que les dio origen y en cambio se fueron adaptando sus conductas a objetivos alejados de la maximización del bienestar social. Así su contribución al crecimiento fue declinante, la productividad de sus inversiones muy baja y la fijación de tarifas con criterio distributivo bastante inefectiva. Desde mediados de los 60 se deterioraron en términos de salarios abonados por las EP y en términos de los precios de los insumos. El precio de los bienes de capital adquiridos por la EP presentó un incremento muy superior al del nivel general de precios. Gobernantes, proveedores de bienes y servicios y sindicatos bregaron por que estas empresas se comportaran más convenientemente a sus propios intereses.

Entre finales de los 70 y principios de los 80 las EP incrementaron drásticamente su endeudamiento en moneda extranjera, lo que afectó durante su performance durante el segundo decenio, caracterizado por una aguda restricción externa. En el caso argentino, el estallido de la crisis externa fue acompañado por una severa crisis fiscal motivada por la estatización de la deuda externa privada y el deterioro de varias fuentes de financiamiento utilizadas por el Estado durante décadas (sistema de seguridad social, impuestos sobre el comercio exterior, impuestos directos sobre las ganancias y el patrimonio).

Con la crisis fiscal se comenzó a recortar indiscriminadamente los gastos de la EP. La situación patrimonial de la mayoría de las empresas estatales llegó a un punto crítico, la calidad de los servicios se deterioró, creció el desaliento y la corrupción. El golpe definitivo lo constituyó la hiperinflación de 1989 y su repetición en 1990. Esto afincó en varios sectores un sentido de urgencia de las reformas estructurales y otorgó a la propuesta de privatizaciones masivas una popularidad sorprendente: bien o mal, había que privatizar.

La urgencia tuvo raíces económicas: en un país que en 1990 el Estado ya no tenía acceso a ninguna clase de financiamiento voluntario externo e interno, las privatizaciones constituían el único instrumento disponible para evitar que se repitiera la experiencia hiperinflacionaria: si los activos públicos se intercambiaban por U$S en efectivo, el gobierno se hacía de liquidez para cerrar transitoriamente las brechas internas y externas (ese fue, por ej., el caso de la venta de reservas petroleras); si los activos se intercambiaban por papeles de deuda pública interna o externa (como fue predominantemente el caso de telecomunicaciones, aeronavegación, electricidad y gas) el gobierno conseguía algún saneamiento patrimonial del Estado y una mejor posición para negociar un arreglo con los acreedores externos.

En este aspecto, al iniciarse el proceso de privatizaciones, la política de enajenación de activos fue más una herramienta macroeconómica para estabilizar la economía, que una herramienta de política de reformas estructurales orientada a aumentar la productividad de la economía en el largo plazo.

En una primera etapa (1989/1990), las privatizaciones sirvieron para cancelar masivamente la deuda pública externa y acercarse así a una negociación con los bancos acreedores que luego se plasmaría en la firma del Plan Brady. En una segunda etapa (1991), la enajenación de activos públicos (fundamentalmente reservas petroleras y el paquete minoritario de una de las telefónicas) constituyó el financiamiento puente para un programa de estabilización que había prometido formalmente no cobrar el impuesto inflacionario pero todavía no había equilibrado las cuentas fiscales y requería por lo tanto de ingresos extraordinarios. Una tercera etapa (1992/1993), al cobrar fuerza la estabilidad y declinar las urgencias financieras del sector público, las autoridades ganaron autonomía en el diseño de la política de privatizaciones y pudieron atender algunos objetivos diferentes a los puramente macroeconómicos. Estos objetivos fueron variados. En algunos casos se priorizaron las metas de eficiencia asignativa (electricidad, gas), en otros la meta de obtención de fondos siguió siendo la principal, pero no para equilibrar el presupuesto sino para usar esos fondos como instrumento político –electoral (caso de YPF).

Las privatizaciones parecen confirmar la existencia del trade-off (cambio) entre eficiencia productiva y eficiencia asignativa. En la primera etapa la propiedad privada ha incentivado la reducción de costos pero también ha significado una pérdida de eficiencia asignativa, debido a la tendencia de los propietarios privados a tratar de explotar monopólicamente los mercados. Las ganancias de eficiencia productiva no se distribuyeron en la sociedad a través de una reducción de tarifas; por el contrario, los aumentos tarifarios, la preservación de mercados protegidos y la debilidad inicial de los organismos regulatorios del Estado sirvieron para generar cuasi-rentas que aumentaron los precios de venta de los activos (o el valor de los derechos de explotación en las concesiones), pero a costa de los usuarios.

Sin duda, las privatizaciones argentinas van a dar lugar a una serie de efectos positivos en el largo plazo vinculados principalmente con la eficiencia productiva, la calidad de los servicios y las cuentas fiscales. Sin embargo, a raíz de la alta ponderación asignada por las autoridades a objetivos distintos a los de eficiencia microeconómica, las privatizaciones van a producir también una serie de consecuencias negativas en el mediano y largo plazo para la economía argentina.

I) CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIVATIZACIONES ARGENTINAS
1) Qué se privatizó, cómo se privatizó.
El proyecto privatizador iniciado en 1989 resultó uno de los más ambiciosos y acelerados de los emprendidos por las economías que han encarado programas de reforma estructural desde fines de los ‘70. En 1990 se transfirieron a manos privadas canales de televisión, empresas petroquímicas, un ramal ferroviario, la empresa nacional de telecomunicaciones, la empresa estatal aerocomercial, algunas petroleras y se entregaron concesiones de rutas de mayor tránsito para ser explotadas por peajes. En 1991 se continuó con el enajenamiento de reservas petroleras. Durante 1992 se privatizaron empresas siderúrgicas, empresas de generación y distribución de electricidad, la empresa de aguas y servicios cloacales, la empresa nacional de gas, ramales ferroviarios, los subterráneos de Buenos Aires y nuevas áreas petroleras. En 1993 se privatizó la petrolera estatal, se entregaron en concesión los accesos a la ciudad de Buenos Aires para ser explotados por peaje y se continuó con la privatización de centrales eléctricas, y entre 1994 y 1995 se pretendió las empresas de correos, la Caja Nacional de Ahorro y Seguros y todas las empresas manufactureras. Para tener una idea de la magnitud de las privatizaciones concretadas hasta fines de 1992, basta señalar que se recapturó deuda pública por mas de U$S 12.000 millones y se obtuvieron cerca de U$S 10.000 millones en efectivo, alcanzando la base monetaria los U$S 14.000 millones a fines de 1993.
Cómo se privatizó:
Las autoridades se concentraron en la transferencia de grandes empresas de servicios públicos (en varios casos monopolios naturales), en lugar de desprenderse prioritariamente de aquellas industrias que, potencialmente, estaban en condiciones de operar en entornos competitivos.
Mirada desde la perspectiva de la eficiencia social es riesgosa la elección de monopolios de servicios públicos para iniciar una política de privatizaciones. Sin embargo, hubo una combinación de causas políticas y económicas que explican dicha elección. Hay que considerar, por un lado, que el gobierno anterior había intentado los dos últimos años transferir a operadores privados el 40% de las acciones de ENTEL y Aerolíneas Argentinas (con la oposición justicialista) y había iniciado gestiones para que compañías privadas se hicieran cargo del mantenimiento de los caminos de mayor tráfico. Así, para un gobierno deseoso de convertir en hechos su proceso de reconversión, las iniciativas frustradas del anterior gobierno se convirtieron en el piso de su gestión. Por otro lado el deterioro en la calidad de los servicios prestados por empresas estatales, hizo de su privatización una política muy popular, mientras que la transferencia de empresas industriales (menos vinculadas a la vida cotidiana de la gente) no había involucrado tanto la opinión de la población. Y en un período de asfixia financiera del sector público, las privatizaciones de los monopolios de servicios públicos aumentaban la recaudación de fondos líquidos o la cancelación de deudas.
Las privatizaciones fueron integrales (no se tuvieron en cuenta los eventuales beneficios de mantener una parte de las acciones en manos del Estado); fueron escasamente graduales, no se llevaron acabo políticas de saneamiento previo de las empresas, ni se cuidó el carácter competitivo de las licitaciones.
2) Monopolios y regulación pública.
Hay dos rasgos notables: La existencia de normas orientadas a preservar el carácter monopólico de la mayoría de las empresas privatizadas, reduciendo el “riesgo sectorial” y garantizando la amortización del capital en plazos previsibles y una vida tranquila para los accionistas y las gerencias (por cierto, a cambio de ello las autoridades cobraban un precio más alto por los activos que vendían). Este sesgo no sólo se verificó en las privatizaciones de la primera etapa (ENTEL, Aerolíneas Argentinas), aún en 1992, si bien hay reglas para inyectar algún grado de competitividad en gas y electricidad, las privatizaciones terminaron incluyendo cláusulas contractuales con garantías de precios y cantidad para los generadores eléctricos y conformando un mercado muy concentrado tanto en la producción como en el transporte y la distribución de gas.
El otro rasgo ha sido la demora en la conformación de agencia regulatorias independientes constituidas por personal especializado, capaces de controlar el poder de mercado de las nuevas compañías privadas y de llevar adelante políticas activas pro competencia. Este vacío regulador se manifestó ya en la confección de los contratos de transferencias, que permitieron no sólo los ajustes de precios y tarifas necesarios para cubrir los costos, sino también el ejercicio del poder de mercado para aumentar las ganancias de los nuevos operadores (ej: las tarifas cabotaje de Aerolíneas Argentinas, o las tarifas internacionales de ENTEL). Este segundo rasgo en muy delicado por lo siguiente: si bien hay argumentos técnicos y económicos para preservar a los monopolistas de la amenaza de potenciales competidores, resulta conflictivo que no se proteja a los usuarios de la eventual explotación de los monopolistas. 
3) Incrementos tarifarios y reformulaciones contractuales.
Como consecuencia de los ajustes tarifarios (y de la reacción social que esos ajuste generaron), todas las privatizaciones de servicios públicos llevadas a cabo durante 1989/90 (telecomunicaciones, tráfico aerocomercial, servicios viales, ferrocarriles) sufrieron modificaciones en los contratos y en los marcos regulatorios a los pocos meses de completarse las transferencias, buscando reducir los precios al público. Si bien los consorcios privados aceptaron, en línea con el programa de estabilización de 1991, sacrificar la regla de indexación prevista en los contratos, a cambio de ello las autoridades redujeron y/o eliminaron impuestos y dolarizaron de las tarifas (u otras onerosas concesiones). El momento dramático fue el esfuerzo por rescatar del fracaso la privatización de Aerolíneas Argentinas, herida por la fragilidad financiera del consorcio adquirente. Las negociaciones culminaron en una reestatización parcial de la empresa después de que el mencionado consorcio dejara establecido la imposibilidad de pagar y cumplir con el plan de inversiones.
4) Doble standard en los incentivos al sector privado.
Como en otros países, las privatizaciones se llevaron a cabo paralelamente a una apertura comercial externa y a un proceso de revaluación de la moneda doméstica en términos reales. Significó la constitución de dos sectores privados con incentivos asimétricos: por un lado el nuevo sector privado operando predominantemente en los servicios públicos y en la explotación de recursos petroleros, conformado en gran medida por los antiguos proveedores del estado y por empresas extranjeras públicas o privadas; y por otro el viejo sector privado, sobre todo el sector industrial surgido al amparo de las políticas de sustitución de importaciones. El primer sector opera con alta rentabilidad y aislado de amenaza competitiva, el segundo sector, en cambio, está sometido a la regla disciplinaria de la apertura económica y el tipo de cambio fijo.
En un contexto caracterizado por la revaluación del peso, los ajustes tarifarios que acompañaron a la política de privatizaciones afectaron adicionalmente la competitividad de las industrias exportadoras y sustitutivas de importaciones que vieron aumentar sensiblemente el costo en dólares de los servicios privatizados.
5) La concentración de la propiedad y el mercado de capitales.
Las privatizaciones presentan tres rasgos característicos:
1- El papel débil que jugó la difusión de la propiedad accionaria a través del mercado de capitales (capitalismo popular).
2- El tardío inicio de la distribución accionaria entre los trabajadores de las empresas privatizadas (capitalismo laboral).
3- La fuerza que adquirieron desde un principio los consorcios adquirentes que resultaron protegidos de la competencia tanto en los mercados de los productos como en el mercado de capitales.
En la experiencia privatizadora argentina se puede distinguir dos formas de concentración de la propiedad. Por un lado, la concentración dentro de cada empresa privatizada: los consorcios que ganaron las licitaciones de las ex EP adquirieron porcentajes de al menos el 51% de los paquetes, quedando exentos del riesgo de take-over. En la mayor parte dichos consorcios están integrados por: un operador extranjero, responsable de la administración del negocio, con experiencia en la industria en cuestión; segundo: un número variable de empresas argentinas que actúan como co-operadoras ya que aportan una parte sustancial del management (tales empresas están vinculadas en general, con los principales grupos económicos locales); y tercero: algunas entidades bancarias, generalmente extranjeras, que financian la operación y proveen títulos de la deuda pública.
Por otro lado existe la concentración horizontal de la propiedad a través de empresas privatizadas, que recae principalmente en los grupos económicos domésticos; en otras palabras, los mayores grupos participan en la propiedad de distintas empresas privatizadas.
Bajo las condiciones de incertidumbre que caracterizó la economía argentina durante el proceso de privatización, la falta de competencia en los mercados de bienes y de capitales (al igual que lo que ocurría en la etapa de sustitución de importaciones), quizás sea un requisito para que los consorcios realicen inversiones a largo plazo (trade-off competitividad-inversión). En el caso de que haya monopolio en el mercado, la concentración dentro de cada empresa, quizás facilite la tarea de los reguladores, ya que la participación minoritaria de las clases medias en la estructura del capital de las empresas privatizadas suele consolidar las coaliciones pro beneficios monopólicos.
fuente: Desarrollo Económico Nº 136 – Marzo 1995 (Gerchunoff y Cánovas)

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viernes, 21 de mayo de 2010

Cae el desempleo al 8,3% en el primer trimestre.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) señaló hoy que el desempleo en el primer trimestre del año es de 8,3%, una décima menos que en el mísmo período del año pasado. La leve bajada del desempleo constituye la segunda mejora consecutiva de ese indicador, que en el tercer trimestre de 2009 se situaba en un 9,1 por ciento.

Respecto a la subocupación, el organismo oficial dice que se redujo casi un punto porcentual. Cayó de 10,3% a 9,2%. Se indicó además que el indicador que mide la cantidad de empleados respecto de la población total del país fue del 42,2 por ciento frente al 42,4 por ciento registrado en el último trimestre de 2009.

Además se produjo el estancamiento de la generación de puestos de trabajo pese a que en el período en estudio la economía acumuló un crecimiento de 6,4%.

Traducido en números, sobre una población estimada de 40 millones de habitantes, 7 millones de personas tienen problemas laborales, de los cuales 3,3 millones están sin trabajo y 3,7 millones lo hacen menos de 36 horas por semana.

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miércoles, 12 de mayo de 2010

La Asignación por Hijo logró una fuerte caída de la indigencia.

Se presentó la primera investigación a fondo sobre los efectos de la Asignación Universal por Hijo entre los sectores más vulnerables. Es un estudio encarado por especialistas del Conicet y otros institutos para verificar el impacto de esa iniciativa. Allí se llega a conclusiones contundentes, que de algún modo confirman las hipótesis que distintos analistas habían adelantado cuando el Gobierno anunció la ampliación de este derecho a desocupados, trabajadores informales y empleadas domésticas: la indigencia bajó de manera rotunda, entre 68 y 54 por ciento –según se utilicen el IPC del Indec o el de siete provincias, respectivamente– desde la creación del programa, y la pobreza disminuyó entre 32 y 13 por ciento. Pero lo más llamativo es otro dato inesperado: los niveles de desigualdad entre quienes más ganan y los de menores ingresos cayeron a su nivel más bajo desde 1986 y la Argentina vuelve a aparecer como “el país más igualitario de América latina”, lugar que había cedido en los ’90 como consecuencia de la aplicación de políticas de exclusión.

El titular de la Anses, Diego Bossio, reveló ayer las últimas cifras sobre el alcance del programa: en mayo cobrarán la AUH 3.677.409 chicos, que forman parte de 1.920.072 familias. La cobertura viene creciendo de manera sostenida desde la implementación del plan, en noviembre pasado. En aquel momento fueron 3.303.914 menores de 18 años de 1.732.530 familias. El funcionario explicó que el aumento obedece a la acción de la Anses para incorporar beneficiarios, ya que el organismo capacitó a un equipo de cien pasantes que recorren barrios del conurbano bonaerense para resolver situaciones puntuales, y el Ministerio del Interior puso en marcha un plan para acelerar la entrega de DNI en todo el país. “Son medidas inclusivas, que demuestran la capacidad del Estado para intervenir de manera eficiente”, valoró Bossio.

El estudio presentado ayer, en un seminario del nuevo Observatorio de la Seguridad Social, fue elaborado por tres investigadores: Emmanuel Agis, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), Carlos Cañete, del Programa de Formación Popular en Economía (Profope), y Demián Panigo, del Conicet (Ceil Piette). Su investigación se propuso evaluar el impacto de la AUH sobre cuatro indicadores centrales del bienestar social: pobreza, indigencia, desigualdad y vulnerabilidad relativa. Se basó en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del primer semestre de 2009 –para evaluar los ingresos de la población– y en dos índices de precios: el del Indec para el GBA y el de un conjunto de siete provincias, la mayoría opositoras al gobierno nacional. Esto último fue para despejar la polémica sobre la credibilidad del Indec en la medición de la inflación. Con esos insumos, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:

- La asignación por hijo sacó de la pobreza a entre 1,4 y 1,8 millón de personas. De ellas, entre 700 mil y 1,1 millón tienen 18 años o menos.

- La pobreza bajó entre 32,6 y 13,1 por ciento, según se tomen el IPC del Indec o el IPC de las siete provincias. En números absolutos, la tasa de pobreza cayó de 14,1 por ciento en el segundo semestre de 2009 a 9,5 por ciento tras la implementación de la AUH en el primer caso. Si la pobreza se calcula con una canasta básica total que surge del IPC de siete provincias, el descenso en números absolutos es de 26,0 a 22,6 por ciento.

- Entre 1 millón y 1,5 millón de personas abandonaron la condición de indigentes. De ellos, entre 680 mil y 1,03 millón tienen 18 años o menos. La indigencia retrocedió entre 68,4 y 54,7 por ciento, con los dos IPC. El nivel de indigencia bajó de 3,2 a 1,2 por ciento de las personas con el IPC Indec, y de 7,5 a 3,4 por ciento con el IPC siete provincias.

- En la región Noreste, sobre cada diez indigentes, ocho dejaron de serlo a partir de la asignación por hijo.

Los datos son contundentes en cuanto a la incidencia de la AUH en la reducción de la pobreza y –sobre todo– de la indigencia. Ese impacto se puede ver reducido por el aumento de precios de los primeros cuatro meses de este año.

De todos modos, en la Anses aportaron un dato que matiza aquel deterioro por la inflación: los beneficiarios de la AUH están cobrando entre fines de abril y lo harán hasta junio la diferencia del 20 por ciento de la AUH que el Estado les retiene hasta comprobar que cumplieron con el requisito de escolaridad y vacunación. Son 36 pesos por mes por hijo, lo que en la práctica implica un refuerzo monetario que ayuda a compensar el alza de precios (180 pesos por hijo para quienes están anotados en la AUH desde noviembre). Además, Bossio reveló que la asignación por hijo aumentará el mismo porcentaje que las asignaciones familiares.

La otra faceta de la investigación sobre la AUH tiene que ver con la desigualdad. Aquí aparecen los datos más novedosos, ya que este programa logró reposicionar a la Argentina como el país más igualitario de América latina, tal como lo era hasta 1994. A partir del efecto Tequila, el país retrocedió tres escalones en uno de los indicadores clave en ese sentido: la brecha de ingresos entre el primer decil –los más ricos– y el último –los más pobres–, siendo superado por Uruguay, AUH, la brecha cayó a 14 veces, el nivel más bajo de la región, equivalente al nivel que existía en la Argentina en 1986. La misma tendencia se evidencia al analizar otros indicadores de desigualdad social, como el coeficiente de Gini o el índice Theil. Por esta cuestión, los investigadores afirman que la AUH es una de las medidas de redistribución del ingreso más potentes en décadas. Pero hacen una advertencia a las autoridades: la AUH debe ser entendida como el inicio de una estrategia para combatir la pobreza, la indigencia y la desigualdad y no como la línea de llegada.
fuente: página/12

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domingo, 9 de mayo de 2010

Nadie quiere retirarse.

La gente se resiste a jubilarse porque implica dejar la actividad significa, “de movida”, resignar la mitad del ingreso mensual que tenía hasta ese momento. Hoy, el haber jubilatorio inicial representa alrededor del 50% del sueldo activo. Pero con el paso del tiempo, por el retraso de las actualizaciones, la jubilación se va achicando aún más y termina representando apenas el 25% del sueldo que cobra el empleado activo en el cargo por el que se jubiló.

En la jerga previsional, la relación entre el haber inicial y el último sueldo en actividad se denomina “tasa de sustitución o de reemplazo”.

En la última reforma previsional – en julio de 1994– esa tasa de sustitución media quedó definida, con 30 años de aportes, en el 72,5% del sueldo promedio del sistema. Este valor surgía de reconocer el 1,5% por cada año de aporte anterior a julio de 1994 (por lo que 30 años equivalía al 45%) del sueldo promedio de los últimos 10 años más un 27,5% por la Prestación Básica Universal (PBU).

“Así, con el 45% de la Prestación más el 27,5% de la PBU, se llegaba a un teórico 72,5% que, sin embargo, nunca se concretó en las liquidaciones iniciales”. En cambio para los aportes al Estado posteriores a 1994, se reconocía solo el 0,85%, con el claro propósito de estimular la afiliación al sistema privado.

Las cifras oficiales de lo que pasó desde 1994 en adelante:

* En el período 1994/2002, por la “estabilidad” de los precios, el haber inicial llegó en el mejor de los años hasta casi el 60%.

* Esto se invirtió a partir de 2002 por la disparada de la inflación y la falta de ajuste de las jubilaciones.

* Luego, con la reforma del sistema, se corrigió la distorsión inicial y el 0,85% se equiparó al 1,5% por cada año para todos los aportes (tanto anteriores como posteriores a 1994). Entonces la tasa de sustitución volvió a subir, para luego volver a caer hasta 2008.

* Ese año se resolvió aplicar un índice de actualización sobre los salarios históricos, lo que elevó el cálculo del sueldo promedio de los últimos 10 años que se toma como referencia para determinar la jubilación inicial. Pero aún así, la actualización no corrige el deterioro de los salarios por la inflación. Y además se redujo la PBU a una suma fija que pasó a representar menos de la mitad de lo que se reconocía antes.

Así, con altibajos por todos estos cambios, la jubilación media de todo el período post 1994 se movió alrededor del 50% del último sueldo, “lo que demuestra las razones por las cuales los afiliados se resisten a jubilarse por la importante caída que experimentan sus ingresos mensuales”. Hasta aquí es lo que pasó con el cálculo del haber inicial.

¿Pero qué sucedió con el correr de los años con las jubilaciones que se otorgaron desde 1994 en adelante? Por la falta de actualización de los haberes durante varios largos años (si bien aumentó el haber mínimo, no hubo aumentos generales hasta septiembre de 2004) y luego, con la fórmula de movilidad que determina subas inferiores a la variación de los salarios, la jubilación siguió deteriorándose.

“Así, en promedio, quien se jubiló en 1994 ahora percibe un haber que termina representando sólo el 25% del sueldo del activo. Esto explica el extraordinario aumento de los juicios de reajustes previsionales, a los que los jubilados se inclinan como único medio asequible para no perder el valor adquisitivo de las prestaciones “.

Y las pruebas están en los tribunales: en la Justicia se acumulan más de 250.000 juicios de reajuste de las jubilaciones. Y los reclamos vienen en ascenso. En 2009 se iniciaron 103.643 juicios, cuando en 2004 sumaron 27.004. Y ahora se estima que se inician unos 600 juicios por día.
fuente: ieco

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jueves, 6 de mayo de 2010

Necesitas $1855 para no ser pobre.

Mientras que en febrero se necesitaban 1788 pesos para no ser pobre,  una familia tipo necesitó en abril ingresos por 1.855,7 pesos para no caer en la pobreza. Esto surge según estimaciones realizadas por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -con la que se mide el nivel de indigencia- para un grupo familiar compuesto por un matrimonio y dos hijos alcanzó en abril un valor de 978,3 pesos, lo que significa un alza 0,5 por ciento frente al mes anterior.

Así, la CBA sumó en los primeros cuatro meses del año un aumento de 15,9 por ciento, y se incrementó 32,7 por ciento con respecto a abril de 2009, golpeando los bolsillos de los sectores de más bajos recursos.

De acuerdo con las proyecciones de FIEL, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) acumuló en el primer cuatrimestre del año una suba de 9,4 por ciento. Si compara con abril del año pasado, la CBT trepó 20,7 por ciento.

La CBA está compuesta sólo por alimentos, mientras que la CBT incluye una serie de servicios, como luz, gas, transporte, vestimenta y otros necesarios para el desarrollo mensual de una familia.

Los datos oficiales de la CBA y la CBT correspondientes a abril serán difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo miércoles, junto con el informe de la inflación de ese mes. Según el INDEC, en marzo, la CBT para una familia tipo se ubicó en 1.148,3 pesos, y la CBA en 528,2 pesos.
fuente: ieco

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domingo, 2 de mayo de 2010

Vuelve el Almacén?

En tiempos de inflación, los consumidores privilegian la cercanía y las compras de pocos productos antes que los descuentos. Un relevamiento hecho por la consultora Nielsen revela que, en comparación con el año pasado, los almacenes ganaron participación a expensas de los autoservicios y los supermercados.

La medición de Nielsen incluye 85 categorías de productos de consumo masivo. Allí se cuentan alimentos, bebidas, productos de cosmética, tocador y limpieza. “Tomamos los artículos comunes a todos los canales de ventas”, explica Osvaldo del Río, director de la firma. El consumo de estos productos aumentó 5,8% entre diciembre de 2009 y marzo de este año, en comparación con el mismo período de 2009.

Dentro de ese crecimiento, los laureles se los lleva el llamado “canal tradicional”: los almacenes de barrio vieron subir sus ventas 13,3%. Segundos quedaron los supermercados, con el 5%, y últimos los autoservicios, con el 1,5%.

“Con la inflación crece la compra en negocios cercanos. Las compras son más frecuentes y en pequeñas cantidades”, dice Del Río.

El impacto de la inflación se nota en que el consumo creció 5,8% y la facturación subió 20,7%. Al desagregar el dato, surge que, para los supermercados, el alza en ventas nominales fue de 19,3%, para los autoservicios fue de 15,4% y para los almacenes fue de 30,1%.

Esta situación permitió que la participación de los almacenes creciera 2,2 puntos respecto al año pasado, mientras que el súper perdió 0,5 y autoservicios bajó 1,6.

Fuentes del sector relatan que dentro de la ganancia de market share por parte de los almacenes, los proveedores juegan un papel central. “A las marcas no les conviene que los supermercados sean extremadamente fuertes”, cuentan en una de las compañías. La recuperación del canal tradicional les da a los proveedores margen de maniobra para resistir las presiones de las cadenas que buscan condiciones más ventajosas que las que obtienen los minoristas. Así, para apuntalar al rubro, les dan a los almacenes más plazo de pago o los involucran en promociones.

En los últimos meses, la intensificación de las promociones para los clientes de los supermercados empezó a dar frutos. En el bimestre pasado se vio una recuperación del sector de 0,5%.

Según los datos del INDEC, en marzo, en los supermercados y autoservicios –que aquí se miden dentro de la misma categoría–, las ventas en unidades crecieron 11,9% y la facturación aumentó 22,9% respecto del año anterior.

El cambio de hábito de parte de los consumidores llevó a las cadenas a rediseñar estrategias. Por ejemplo, Carrefour el año pasado abrió 10 minisucursales y tiene planeado sumar otras tantas este año. Y Walmart también apuesta al local de cercanías con los minimercados Chango Más. En el caso de Disco, la estrategia pasa por extender el radio en el que los clientes acceden al reparto a domicilio en forma gratuita.

Los autoservicios chinos también aseguran que sus ventas suben si se miden en forma global. Miguel Calvete, titular de la cámara que agrupa al sector, sostiene que las ventas por unidad aumentaron en lo que va del año “entre 3 y 4%”. Y detalla que el rubro está en expansión, con un promedio de 13 aperturas mensuales, lejos de las 24 que supieron tener en el ciclo de crecimiento de 2005 a 2008.

Los almacenes también están ganando presencia con unos 150 nuevos locales en lo que va del año en Capital y GBA. Tienen a favor la percepción del consumidor. Según los datos de Nielsen, el 60% de los compradores cree que el almacén es igual o más barato que el supermercado. “Los datos muestran que no es así. Si armamos una canasta con los mismos productos, el supermercado es 5% más barato que los autoservicios y 10% más económico que los almacenes”, dice Del Río. Y apunta que la táctica de los almacenes para crecer suele ser vender a buenos precios diez o quince productos que el cliente identifica y recuerda. El golpe certero de David que jaquea a Goliat.
fuente: ieco

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